La evasión promedio que ha tenido el sistema de buses de Red Movilidad (exTransantiago) ha superado el 30% en los últimos años, e incluso el 40% si se considera la nueva metodología (fuente: MTT). Estos valores superan ampliamente la evasión en Australia o Europa, que son inferiores al 10%, e incluso de ciudades como Bogotá, cuya evasión fluctúa entre 10% y 15% (Tirachini y Quiroz, 2016).
En la medida que los usuarios perciben un peor servicio (tiempo de espera alto, hacinamiento en los vehículos), tienen una mayor disposición a evadir. Lo mismo ocurre cuando hay una menor fiscalización del sistema, cuando las sanciones sociales son bajas o cuando aumentan los niveles de desempleo.
En Santiago, la percepción del sistema de buses es en general regular, lo que incide negativamente en la evasión. Lo mismo ocurre con la baja tasa de fiscalización, con 1 por cada 1.000 viajes o 0,1% (Tirachini y Quiroz, 2016), a diferencia muchos otros países, donde se quintuplica ese valor. Los fiscalizadores tampoco han sido muy efectivos, ya que tienen una tasa de infracción del orden de 10%, teniendo presente que la tasa de evasión supera el 40%. Además, la proporción de infractores (multados) que paga también es baja, superando levemente el 30%. Por último, la pandemia ha tenido un efecto negativo, ya que muchos usuarios eliminaron ese gasto dentro de su presupuesto mensual, con ingresos reales cada vez más bajos producto de la inflación actual.
Las pérdidas del sistema producto de la evasión han sido estimadas en más de 800 millones de dólares entre 2008 y 2017, las que incluso podrían a llegar a más de 1.800 millones de dólares (Mobilitas, 2017). Por lo tanto, considerando que ha subido la evasión en los últimos años, se podría señalar que en un escenario conservador la evasión podría llegar a más de 100 millones de dólares anuales. Ese es un dato importante, ya que muchos proyectos de inversión podrían ser financiados ampliamente por una fracción de este monto.
El Estado ha generado una serie de propuestas, como por ejemplo el aumento de la fiscalización, el proyecto de ley para mayores sanciones por agresiones a fiscalizadores, el aumento de zonas pagas, la capacitación de choferes y la facilitación de pago a través de código QR, entre otras. Sin duda que estas medidas son valiosas y van en la dirección correcta, pero probablemente insuficientes.
¿Qué medidas adicionales se podrían adoptar? Hay una serie de medidas que han sido propuestas por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transportes (SOCHITRAN), donde quisiera destacar algunas (con ciertas modificaciones). En primer lugar, la generación de una unidad de control de la evasión, que pudiera perseguir a los infractores, siendo financiada por los ahorros que generaría la reducción de la evasión, y con metas claras (por ejemplo, llegar a una evasión entre 10% y 15%). En segundo lugar, un sistema de información sencillo que permita que los choferes vayan informando respecto a los niveles de evasión en ciertos tramos (por ejemplo, nivel alto, medio o bajo). Esta información podría ser utilizada en tiempo real por los fiscalizadores para maximizar la eficacia de cada fiscalización.
En tercer lugar, la incorporación de un sistema de cámaras con detección facial, para hacer el seguimiento posterior a los evasores y de potenciales agresores a fiscalizadores. En cuarto lugar, el cambio en la forma de fiscalización, donde actualmente se realiza con Carabineros, deteniendo el bus. El sistema debiera tender en el largo plazo a realizar fiscalizaciones con el vehículo en marcha, sin Carabineros, y donde la tecnología pueda ayudar a perseguir a potenciales agresores. En quinto lugar, el subsidio directo a aquellas personas que no puedan pagar, dado sus bajos niveles de ingreso. Finalmente, el desarrollo de una campaña comunicacional efectiva, que apunte hacia el cambio de actitud de los evasores, informando además respecto a las medidas adoptadas.
Por lo tanto, la evasión tiene solución, pero para ello es fundamental que el Gobierno implemente estas medidas con la mayor celeridad posible.
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