Inmobiliaria Fundamenta y los abogados Lagos, Vargas y Silber
Traigo a colación mi columna publicada el 5 de agosto de 2024, en este medio, en razón a que hay nuevos antecedentes sobre el proyecto de 4 torres -de entre 26 y 32 pisos cada una- con destinos de viviendas, oficinas y locales comerciales de la Inmobiliaria Fundamenta en la comuna de Ñuñoa, con una inversión de US$ 300 millones.
A la luz de un completo reportaje publicado el 15 de julio pasado en el medio de investigación Ciper, es claro que la primera en oponerse a este invasivo megaproyecto fue la entonces alcaldesa Emilia Ríos, lo que significó en paralelo el inicio de acciones judiciales por parte de organizaciones ciudadanas. Inicialmente se otorgaron distintos anteproyectos de edificación por parte del director de obras municipales (DOM) Carlos Frías, funcionario que, por otras razones, fue destituido posteriormente disposición de la Contraloría General de la República. El titular de esos actos administrativos preliminares fue la sociedad conformada por Plaza Egaña SpA y Metro S.A.
El nuevo DOM, Patricio Reyes, otorgó el 12/10/2018 a dichas empresas el permiso de edificación N° 296, en donde se lee "se deberá presentar para la recepción final Declaración de Impacto Ambiental aprobada y ejecutada" (sic), a pesar de que esta declaración aprobada es obligatoria para el inicio de obras del proyecto y además sin que se certificara que el Estudio de los Conos de Sombra estuviera correctamente elaborado, teniéndose en cuenta que en esa fecha el Plan Regulador Comunal (PRC) de Ñuñoa, fijaba una altura máxima de 15 pisos.
Debido a lo anterior, la fundación Defendamos la Ciudad le comunicó la situación de las sombras, en rigor falta de luminosidad, a la Contraloría, Cámara Chilena de la Construcción, a la misma empresa y a la seremi del Minvu. La primera contestó que no tendríamos legitimación activa para formular una denuncia y los otros tres no se pronunciaron. Tiempo después, se le propuso al ente fiscalizador sostener una reunión con sus funcionarios expertos en esta materia técnica, la que nunca se llevó a cabo, razón por la cual, con el ingeniero civil y exfuncionario del Minvu Rodolfo Acha, fuimos recibidos por el directorio del Colegio de Arquitectos, al que le explicamos, con los necesarios documentos relacionados, que el Estudio de marras era una calamidad. A esta fecha, dicha orden profesional no emite juicio al respecto.
Para que los lectores saquen sus propias conclusiones sobre este corrupto asunto, deben leer la investigación periodística de Ciper Chile.
Este reportaje, en el cual se alude a información del Ministerio Público, es lapidario porque se acreditaron varias cosas que dejan mal parados a varios interesados que buscaban sacar al juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema, lo que lograron. Ahí se dice que la empresa Fundamenta contrató y le pagó $ 600.000.000 a la sociedad de Lagos, Vargas y Silber, en nuestra opinión, no porque fueran buenosmozos y expertos en el derecho y en las leyes, sino exclusivamente porque ellos sabían cómo intervenir y ganar sus juicios en los tribunales superiores de justicia.
El propósito de dicha inmobiliaria al contratarlos era dejar el camino despejado para que la jueza Ángela Vivanco pudiera ejercer sin trabas su rol en la Tercera Sala de la Suprema. Por lo tanto, tan pronto se conoció este valioso reportaje de Ciper, la fundación Defendamos la Ciudad, con fecha 17/07/2026, se lo envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se hiciera parte en el juicio, radicado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Pues bien, con fecha reciente del 21/04/2026, la DOM de Ñuñoa cursó para una de esas torres la recepción final parcial y se da la paradoja de que, si estuviera vigente la ley de reforma tributaria que se aprobará próximamente, debido a que la Corte Suprema -con la mano conductora de Vivanco- dejó sin efecto la decisión ambiental que perjudicaba económicamente a la empresa, por la prolongada paralización de las faenas, el Estado debería pagarle a la misma unos cuantos millones de dólares. Esa ley dice en este asunto puntual: "...el titular tendrá derecho a obtener del Fisco la indemnización de los gastos directos efectivos y no recuperables incurridos con motivo de la ejecución del proyecto". Por ello afirmamos que todavía es tiempo para derogar este inicuo regalo público al sector privado.
Finalmente, a pesar de que Sebastián Sichel, actual alcalde de Ñuñoa, para su campaña electoral recibió unos cuantos millones de pesos por parte de un gerente de la constructora del proyecto de Fundamenta, y para demostrar su nula relación con ese turbio negocio, debería condenarlo públicamente. Ahora viene la gran pregunta: ¿El fallo de la Tercera Sala de la Suprema, orquestado con suma habilidad por Vivanco, será anulado de oficio o estaremos ante un nuevo hecho de perversión comercial, tolerado por la habitual impunidad presente en nuestro querido país?