El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, afirmó que su partido "no hará defensas corporativas" del diputado reelecto y militante Cristián Araya, tras conocerse su presunto vínculo con el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, imputado en el caso "muñeca bielorrusa".
El tema fue dado a conocer por Ciper en un reportaje que afirma que, en una llamada telefónica interceptada por el OS7 de Carabineros, Yáber -acusado de lavado de activos- habla de reuniones sostenidas con el diputado e incluso un eventual pago hecho al parlamentario por 1.700.000 pesos.
Según agregó Yáber, el pago se realizó "en campaña", aunque no especifica si se refiere a la reelección parlamentaria de Araya o al esfuerzo fallido de salvar de su acusación constitucional al exjuez Antonio Ulloa, destituido a inicios de mes.
"Nosotros en esto hemos tenido siempre la misma línea. Si esto pasa a una investigación judicial, el partido siempre ha tomado la misma determinación de pedirle a la persona (acusada) que suspenda su militancia y que se investigue. Aquí no hacemos defensas corporativas", dijo Kast.
Sin embargo, también advirtió que la información relativa a Araya podría formar parte de una estrategia destinada a perjudicar su aspiración a La Moneda: "Lo dije el primer día que comencé la campaña, que iban a ser 90 días de difamaciones y de mentiras. Bueno, ahora nos quedan 25 días de campaña".
"Seguramente esto va a seguir, porque cuando uno lee el artículo (de Ciper), claro, hay toda una presentación que apunta a un resultado, que era obtener una votación favorable para un ministro que fue destituido", y los parlamentarios republicanos votaron a favor de la acusación, incluido Araya, agregó Kast.
Cicardini recurrirá a Fiscalía y a la Comisión de Ética
El reportaje de Ciper también asegura que el diputado Araya y Yáber iniciaron gestiones para obtener información sobre los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini -impulsores de la AC contra Ulloa-, en un intento por dañar la imagen pública de ambos y así deslegitimar el libelo acusatorio.
Sin embargo, el artículo deja entrever que esta información no fue utilizada finalmente, al ser considerada no sustancial para el objetivo buscado.
De todos modos, los antecedentes conocidos serán llevados a la Fiscalía y a la Comisión de Ética de la Cámara, confirmó Cicardini.
"Se debe investigar qué fue lo que pasó con este 1.700.000 pesos que se les pagó para entregar qué antecedentes y qué datos manejaban con lograr un solo objetivo: generar daño de imagen al diputado Manouchehri y quien habla", acusó la diputada socialista.
"Yo encuentro que este tipo de situaciones son tremendamente lamentables. Espero que se investiguen. Nosotros vamos a hacer una denuncia y vamos a pasar este caso a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas", remató.
