El desafío de alinear la política pública de CTCI

Javier Ramírez Ramos

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Que Chile se transforme en una sociedad y economía del conocimiento es el gran objetivo de Estado que tiene la política pública de fomento y apoyo a la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI). Este gran propósito se implementa a través de diferentes políticas específicas, que enfrentan, entre otros desafíos, la necesidad de focalizar y hacer más eficiente la inversión pública. Esto es especialmente complejo cuando los destinatarios de tales políticas públicas (que típicamente se ejecutan a través de fondos concursables), son grandes universidades y centros de investigación, que legítimamente tienen sus propios objetivos y énfasis institucionales.

Más aún, dada la naturaleza altamente descentralizada de estas instituciones, es común ver postulaciones a tales fondos, impulsadas por equipos de investigación, que utilizan estos concursos como una manera de avanzar su propia agenda, y que pueden estar o no alineados con los énfasis de sus autoridades institucionales. Esto es un hecho conocido y aceptado por todas las partes involucradas, aunque con el tiempo se han ido implementando diferentes mecanismos para que todos los intereses en juego estén un poco más alineados.

Así, aunque la postulación a muchos proyectos de investigación fundamental siguen siendo resorte exclusivo del equipo de investigación, la inmensa mayoría de los fondos de mayor envergadura requieren que sea la institución misma la formalmente postule, llevando a los equipos de investigación interesados, a conseguir todas las aprobaciones institucionales necesarias (camino que puede ser más o menos largo, dependiendo de la institución que se trate), instancia en que cada interviniente en la cadena agrega sus propios énfasis a la mencionada postulación.

Por ejemplo: si la política pública quiere fomentar la resiliencia de cultivos ante inundaciones provocadas por el cambio climático y crea un fondo concursable de I+D+i a 10 años para tal efecto, habrá muchos equipos que verán la oportunidad, al fin, de conseguir financiamiento de largo plazo para su investigación en mejoramiento genético de tomates (que podrían, quizás, direccionarse para conseguir cultivos resistentes a las inundaciones), o de algoritmos de estudio de altas corrientes (que podrían usarse, quizás, para predecir inundaciones), o de desarrollo de nuevos nano-materiales (que podrían utilizarse, quizás, para la construcción de infraestructura resistente a las inundaciones), y así, un largo etcétera de grandes ideas, que con algo de buena intención, pueden coincidir con el objetivo general de la política pública; pero una postulación institucional debe tener en cuenta también los énfasis de los demás interesados, que pueden ir desde aumentar la matrícula de pregrado hasta la internacionalización, pasando por mayor presencia en regiones o el apoyo a las ciencias sociales.

Demás está decir que se complejiza aún más, cuando tales proyectos se ejecutan entre varias instituciones. Para la política pública subsiste, y se agudiza, la necesidad de que la ejecución de tales fondos contribuya a sus objetivos de manera más directa y específica. Uno de los mecanismos que se han implementado para tal efecto, es la necesidad de constituir una persona jurídica ad-hoc para la ejecución de sus proyectos, con la participación de sus diferentes participantes, como fundadoras. Sin importar el tipo de proyecto, esto suele alinear completamente a la nueva persona jurídica con los intereses de la política pública, aunque también genera problemas, algunos de los cuales pueden ser más o menos severos, dependiendo del tipo de institución (por ejemplo, en aquellas más cercanas a la investigación aplicada, la participación de investigadores, que son empleados de diferentes instituciones, puede producir conflictos de propiedad intelectual).

No obstante, es importante tener en consideración que, al crear una nueva persona jurídica, es posible que se esté incubando el germen del problema que se intenta combatir; el objetivo de crear una nueva persona jurídica es dotarla de independencia respecto a los objetivos específicos de sus entidades fundadoras y de las personas que diseñaron el proyecto en primer lugar. Pero esa independencia también redunda en el desarrollo de sus sus propios intereses y a medida que va siendo exitosa en su quehacer, crece y a veces ese crecimiento no está necesariamente alineado con la política pública que le dio origen. Aunque esto puede generar fricciones, no es necesariamente negativo y, más aún, forma parte de las necesarias consecuencias de una decisión de política pública, que la autoridad debe tener en consideración al momento de diseñar sus planes.