Crimen y desigualdad

Felipe Delpin Aguilar

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Los últimos días de marzo han quedado en la memoria de muchos habitantes de la zona sur de Santiago como días de miedo, de inseguridad, de imperio del crimen.

Un nuevo velorio de un narcotraficante ha exhibido fuegos artificiales, bombas de ruido, disparos de armas cortas, pero también, ¡disparos con armas de guerra!

Los datos disponibles sobre delincuencia, nos dicen que la victimización en el país pasó de un 22,8% el 2013 a un 28,0% el 2017.

En la visita que realizó el  Ministro Chadwick a la comisaría de Carabineros de la comuna en estas semanas, se nos informa de un crecimiento de las denuncias, en casi todos los delitos y, en todas las comunas de la zona sur. Según un reciente informe de la OEA, Chile es líder en Latinoamérica en consumo de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína, entre estudiantes secundarios.

¿Qué pasó en Chile para que esto sea posible? Las cifras revisadas son congruentes con lo que uno observa desde las poblaciones cada día.

No es un problema de la comuna de La Granja, es un problema país, que se manifiesta de manera transversal en todos los sectores sociales. Pero a pesar que el consumo y tráfico de drogas es un problema transversal - como afirmamos - su manifestación es diferente dependiendo de las condiciones económicas de quienes están involucrados.

Quienes viven en una población de escasos recursos y que no se han insertado al mundo del trabajo formal, encuentran en el tráfico una oportunidad generosa de ganar dinero, consumir drogas y acceder a bienes impensables en esos contextos.

A estos sectores populares les toca el “trabajo sucio”; para mantener el consumo necesitan dinero y este lo obtienen en los variados trabajos que les ofrece el mundo del tráfico. Ellos abastecerán a quienes acceden a circuitos más exclusivos, aquellos traficantes de sectores acomodados que gozan de un mejor estatus y hasta un nombre más elegante, “dealer”.

El joven en la población no puede sostener su consumo, si no es a través de la actividad delictiva, el otro joven de mayores recursos, contará siempre con padres de “cariño incondicional”, para que no les falte dinero.

Si más adelante el consumo se vuelve peligroso, el joven ABC1 podrá ser internado y acceder a múltiples tratamientos para su recuperación.

Nuestros jóvenes en las poblaciones quedarán vagando, como “zombis” dicen los vecinos, engrosando las filas de quienes viven en la calle. Los jóvenes insertos en este mundo de consumo y tráfico en las poblaciones, deben estar en una esperanza de vida que ronda los 25 años.

Y nos preguntamos de nuevo, ¿qué pasó en Chile para que esto sea posible? He visto el progreso que ha tenido el país en las últimas décadas, soy testigo del inmenso cambio que se ha producido, gracias a políticas sociales y al crecimiento económico. No puedo negarlo y lo valoro.

Pero también es cierto que en este contexto competitivo en que Chile ha progresado, se nos han ido quedando en el olvido algunos temas y más de algunas personas.

El ingreso de la mujer al mundo del trabajo ha significado progreso material para las familias, pero los hijos de quienes no pueden contar con una nana en la casa, pagan las consecuencias.

Ellos tendrán menos apoyo y supervisión. Las políticas sociales para garantizar jardines infantiles han llegado atrasadas o todavía no llegan en muchos sectores. Esos niños y jóvenes, de contextos pobres, deberán salir adelante con el apoyo de otros miembros de la familia, con la redes de solidaridad que aún operan en muchos barrios.

La mayoría saldrá adelante, porque hay esfuerzo de los padres, porque contaron con las redes suficientes o había capital humano en ese entorno. Sin embargo, algunos no contarán con el apoyo necesario y crecerán en un mundo de drogas o delitos.

Allí, en esos contextos, faltaron las políticas públicas de apoyo, faltaron jardines, faltaron programas de prevención, faltaron recursos para rehabilitación más adelante.

Un tema recurrente en la labor que tuve estos dos años como Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, fue el tema de los recursos. Esta labor de ayuda y promoción de los sectores populares nos toca en buena medida a los alcaldes, y los municipios venimos diciendo hace años que no contamos con los recursos para realizar nuestro trabajo.

Mientras un municipio como Las Condes cuenta con 250 mil millones al año, comunas como La Granja tienen 17 mil millones al año; si se toma en cuenta la población, estamos en una relación de 1 es a 8, es decir un vecino de Las Condes, por lo general, con mayores recursos propios, contará con recursos públicos que superan en 8 veces los recursos en sectores populares.

No creo que colocar estos antecedentes deba molestar a nadie, creo, y hago un llamado a todos los sectores políticos, a abordar el tema de la desigualdad, sin un discurso populista, pero tampoco con el simplismo del puro crecimiento económico.

Creo que los economistas no están midiendo bien cuánto afecta al crecimiento el tener a sectores de la población sin posibilidades de insertarse al mundo del trabajo. No sólo podrá insertarse un joven popular si se crean nuevas empresas, podrá insertarse si está capacitado para ello y esto no será posible en las actuales condiciones de desigualdad y en las débiles políticas públicas con que contamos.

No hay hasta ahora buenas señales del gobierno: los recursos que se destinaban a los Planes Comunales se han visto reducidos drásticamente desde el 2017; se anuncia un control de identidad para menores cuando todos saben donde viven los traficantes; se anuncia un plan “Elige vivir sin drogas” que ofrece nuevos diagnósticos y un decepcionante presupuesto nacional de 512 millones, cuando esos recursos alcanzarían para financiar 1 o 2 comunas de las 345 que hay en el país.

¿Podrá el diálogo gobierno y oposición hacer que las cosas sigan un camino más razonable, un camino de compromiso con nuestra gente? Ojalá que sí, el país lo espera con urgencia.