El Gran Hermano

Cristián Balmaceda Undurraga

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Sin duda alguna, que uno de los grandes temas que se ha tomado la agenda a nivel nacional, tiene que ver con la delincuencia y la seguridad de los ciudadanos. Pese a que nuestro país pasó de tener un 40% de pobreza a sólo un 10%, aún no hemos podido dejar en el pasado el flagelo de la delincuencia. 

Cito este último dato pues siempre los niveles de vulnerabilidad son incidentes en los delitos, y muchas personas llegan a sentirse olvidadas por el Estado y/o el sistema, sin expectativas ni oportunidades, donde el incurrir en alguna fechoría es un acto también de desesperación. 

Al parecer, deberemos también fijarnos y hacer un análisis sociológico y cultural, respecto a por qué nos sentimos menos seguros y desprotegidos, viviendo en un lugar que claramente es muchísimo mejor que el Chile de treinta años atrás. 

Como alcaldes, hemos estado buscando distintas alternativas para complementar las labores de seguridad que le son propias al ministerio del Interior y las Policías. Entendiendo que más allá de diseñar buenas políticas públicas que sean un incentivo real a que la gente no caiga en hechos delictivos. 

Hace sólo algunos años era impensable el nivel de inversión que se lleva adelante en seguridad a nivel local, y los nuevos diseños que han acompañado las mismas, como lo son los jefes de seguridad municipal, los concejos de seguridad comunal (donde también participan vecinos) y las coordinaciones cotidianas con el ministerio del Interior, las Policías y la Intendencia. 

Hoy se ha puesto al servicio de la comunidad una gran cantidad de tecnología que nos permite ser más eficientes en esta tarea y ofrecer más herramientas a los fiscales con miras a conseguir penas más concretas. En ese sentido, las cámaras de seguridad han sido un gran aporte y por eso se implementarán por estos días en Pirque. 

Gracias a esta tecnología será posible poder identificar claramente el rostro de una persona, su apariencia y vestimenta. Claramente  hemos tenido que transar, y entregar algo de nuestra libertad y vida privada para estar siendo monitoreados por un tercero. Esto por supuesto trae externalidades positivas y negativas. 

En el caso de la primera, es más bien obvia, ya que estamos más protegidos y seguros, pero en el caso de la segunda, y en la medida en que estas prestaciones tienen un mal uso, se puede afectar seriamente la vida privada de las personas, tal como ocurrió días atrás con una vecina de la comuna de Quintero.

Haciendo uso de su libertad, condujo su vida privada como mejor le pareció, siendo esto expuesto por las cámaras de seguridad y posteriormente los videos llegaron a manos de su marido. 

Es importante recordar que el Estado hace juicios en base a la ley y la Constitución, pero no en cuanto a conceptos morales, eso queda para el juicio ciudadano y celestial.

Por esa razón, es que a propósito de la implementación de drones de seguridad por parte del Gobierno (en algunas comunas con más recursos estos ya solían usarse), el Consejo para la Transparencia le ha solicitado a la Subsecretaría de Prevención del Delito que se pronuncie al respecto para tener certeza de que se respete la confidencialidad de los datos y su buen uso.

De lo contrario, las externalidades negativas terminarán desacreditando a las positivas, y con ello, una parte importante de nuestro actual sistema de seguridad. 

Finalmente, como en toda política pública, es necesario no sólo un buen diseño de la misma, sino también la cooperación y buena voluntad de las personas para darle forma y materia.