Cuando, dentro de varias décadas más, la historiografía trate en sus páginas el proceso constituyente que vive actualmente nuestro país, obligadamente deberá dedicar unas cuantas de ellas a abordar el rol de los municipios y sus equipos humanos en el proceso histórico que atraviesa Chile.
Lo anterior pues, el llamado a consulta ciudadana que hicieron los alcaldes y alcaldesas de Chile, fue la antesala del remezón que, por fin, hizo despertar de su letargo a los poderes Ejecutivo y Legislativo y así ya nada podía impedir que fuésemos los propios ciudadanos quienes decidamos cómo deberá ser nuestra nueva Carta Fundamental y cómo deberá estructurarse el órgano que la redactará.
Y ese análisis historiográfico también deberá abordar cómo, a partir de esta consulta ciudadana comunal, que desarrollaron más de 230 municipios del país, ejercieron parte del poder constituyente derivado. Ahí radica desde hoy el rol histórico que las comunidades organizadas y sus autoridades deberán cumplir desde sus territorios.
En razón de lo anterior, resulta inexplicable que algunos ediles hayan instrumentalizado dicha consulta para fines personales políticos más que mezquinos. De hecho, en algunos casos lo inexplicable radica no solo en la falta de sensatez con que se plantearon algunas consultas de índole local, sino que además el tenor de las preguntas a las que se sometió a los vecinos no dejó lugar a dudas de que se trató de un intento por extraer burdos fines políticos.
Quizás el ejemplo más relevante de ello lo representó La Reina, que fue una de las comunas con mayor participación ciudadana, alcanzando el 34,8% del padrón electoral 2017, lo que le valió igualar la cantidad de votantes que participaron en la última elección municipal. Todos datos dignos de resaltar si se considera que no había muchos incentivos a participar.
No obstante, de todos estos motivos reales de orgullo y realce, la perspectiva histórica de este proceso no puede más que excluir el intento del alcalde José Manuel Palacios por forzar el resultado de la consulta y torcer la opinión de los reininos y reininas con preguntas tendenciosas y confusas, que ciertamente fueron advertidas por los vecinos en un inútil intento por generar un resultado político falaz y artificioso.
De hecho, preguntas como si los vecinos están de acuerdo con la violencia como medio para lograr las demandas sociales, o si consentían en que las Fuerzas Armadas resguardaran “instalaciones críticas”, eran parte del cuestionario de la cédula local. En ella no encontramos preguntas de índole local, como por ejemplo pudo ser alguna que indague sobre qué tipo de inversión (infraestructura, educación o salud) desean los vecinos, o a qué área deseaban destinar la mayor parte de los fondos municipales, tal como se había acordado con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Pero pese a este pobre intento de interferir entre la opinión de las personas y la realidad, los vecinos de La Reina entendieron la opacidad de esta treta y se manifestaron mayoritariamente a favor de reemplazar la actual Constitución.
Además, respondieron que apoyan abrumadoramente las protestas como medio de movilización social y pareció no importarles la artificiosa discusión sobre la supuesta falta de libertad de enseñanza que generaría la desmunicipalización de la educación pública, lo cual hace sentir orgullo de la madurez y claridad con que asumieron la consulta.
Debemos celebrar que finalmente la vocación democrática de la comunidad se impuso y de paso demostró que, pese a los intentos por forzar resultados, siempre la voluntad popular termina imponiéndose para beneficio de todos.
Debemos celebrar que tanto en La Reina, como en el resto del país, los chilenos seguimos dando muestras de madurez, cordura y responsabilidad política pese a todo y todos. Por otro lado, deberemos esperar unos años para ver el juicio que hará la historia, del rol de los municipios en este proceso constituyente que felizmente vive nuestro país.
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