La ley de Aportes como desafío municipal y ciudadano

Trinidad Vidal

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Recibimos con entusiasmo la aprobación de Contraloría al reglamento de la ley de Aportes al Espacio Público. Entendiendo que la contribución del desarrollo inmobiliario a la mejora en la calidad de vida de las ciudades no puede seguir esperando, para eso, la ley propone que proyectos inmobiliarios públicos y privados mitiguen sus efectos viales y hagan aportes al espacio público, a través del financiamiento de Planes de Inversión comunales e intercomunales.

¿Cómo afecta esta legislación a la calidad de vida de las personas? Esto se traduce en que los municipios contarán con nuevos fondos para financiar diversas iniciativas de movilidad y espacio público.

A principios de año, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica hizo el ejercicio de calcular los posibles aportes que recibirían dos comunas de la región Metropolitana para el componente de áreas verdes. Los resultados son bastante interesantes ya que se demuestra que el financiamiento que esta nueva ley puede traer para crear más y mejores áreas verdes, puede ser realmente relevantes.

Esto pareciera ser una buena noticia para los municipios, quienes muchas veces hacen malabares para la construcción o mejora de sus áreas verdes y se ven enfrentados a diario al difícil desafío de mantención de las mismas. 

En esta línea, llegamos a uno de los puntos clave de la implementación de la Ley de Aportes, que tiene que ver con la elaboración de los Planes de Inversión que debieran ser desarrollados por las municipalidades.

Este desafío no es menor, sobre todo considerando todas las exigencias que los gobiernos locales ya tienen en estos ámbitos. Por lo mismo, los municipios deben contar con el apoyo del gobierno central, la sociedad civil y, por supuesto, la comunidad que hará uso de los futuros proyectos.

Este año, distintas instituciones han levantado información que podría ser de suma relevancia para la elaboración de Planes de Inversión adecuados, con carteras de proyectos pertinentes para las distintas comunas.

Por ejemplo, los estándares del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Indicador de Bienestar Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, o los esfuerzos por cuantificar necesidades y posibilidades de áreas verdes realizado por la Universidad Católica. Todos estos datos pueden servir a las municipalidades para tomar mejores decisiones respecto a sus prioridades de inversión.

Porque no sólo la opinión experta es clave para el desarrollo de buenos Planes de Inversión, la vinculación de la comunidad en la definición de la cartera de proyectos prioritarios es fundamental.

Especialmente en los proyectos de áreas verdes o espacios públicos, ya que son las personas quienes tienen mayor claridad de sus necesidades en esta línea. Llevándolo al caso concreto de las plazas de barrio, son las comunidades de vecinos quienes mejor identifican si un espacio debe ser recuperado o no, ya que posteriormente son éstas las que le darán uso y vida a la plaza como lugar de encuentro.

Contar con municipios preparados y una ciudadanía empoderada en la definición de sus prioridades de inversión, debiera ser el principal desafío mientras esperamos que la Ley de Aportes al Espacio Público efectivamente se implemente.