Esta semana, el gobierno anunció la intervención integral de 11 de los 33 barrios denominados como prioritarios por situaciones vinculadas a la infracción de las leyes de armas y drogas, violencia intrafamiliar, robo y otro tipo de delitos violentos.
El anuncio va acompañado de la voz fuerte de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien celebra la noticia, planteando que son barrios que hay que intervenir desde un fuerte enfoque policial, pero no puede ser la única forma de enfrentar el problema.
Y lo dice con conocimiento profundo de la causa que reclama. Algunos barrios de La Pintana no sólo han sufrido el abandono más absoluto del Estado, sino que son consecuencia de una de las políticas públicas más nefastas y dolorosas con las que cargamos como país: tirar a los pobres lejos. Construir ciudades precarias en la periferia, sólo con viviendas básicas acompañadas de un entorno urbano y acceso a servicios casi inexistente.
También hace unos días, la Cámara Chilena de la Construcción presentó un interesante estudio, que pone en evidencia el gasto en tiempo y dinero de los santiaguinos para acceder a servicios públicos y privados.
Los datos que releva también son duros para los vecinos de La Pintana y, probablemente, de la mayoría de esos 33 barrios anunciados. Entre otras cosas se indica que el 90% de los servicios privados (cajeros, farmacias, supermercados, entretenimiento, etc.) se localizan en los lugares donde vive el 30% los sectores con mayores ingresos.
Además, cualquier ciudadano de Santiago usa el 7% de sus ingresos familiares mensuales en desplazarse a dichos servicios, mientras que un vecino de La Pintana usaría el 21%.
El mismo estudio afirma que una de las maneras más efectivas de diversificar territorialmente la localización de esos servicios es mejorando el entorno urbano, asociado a áreas verdes, equipamientos deportivos y mejor infraestructura urbana y residencial.
Y desde ahí, desde la justicia urbana tan urgente en esos barrios, esperamos que este nuevo anuncio sea efectivamente una política de recuperación de barrios prioritarios y no sólo una necesaria intervención policial. Para eso, la mejora del entorno urbano es absolutamente fundamental, mejora que no puede ser centralizada ni diseñada por igual para los barrios protagonistas, sino que tiene que levantarse desde los territorios, escuchando, dialogando y comprendiendo las necesidades de cada comunidad.
Esa es la apuesta que tenemos en nuestra Fundación en cada plaza que recupera, y creemos firmemente que desarrollar proyectos urbanos en cualquier escala desde esa lógica asegura la sustentabilidad de los mismos.
Así, una política de esta magnitud sólo será exitosa si, además de inteligencia policial efectiva, pone en el centro la regeneración del tejido social y urbano, para que los mismos vecinos sean actores estratégicos en la disputa de sus propios territorios.
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