Hace pocas semanas se han conmemorado 50 años de la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, impulsada por el Presidente Eduardo Frei Montalva. Posteriormente, Salvador Allende también apoyó con fuerza el tejido comunitario.
La normativa, además de darles un reconocimiento jurídico y de regular su constitución y funcionamiento, les asignó un importante rol en la representación de las inquietudes de los vecinos ante las autoridades municipales y de servicios.
Lamentablemente, sólo cinco años más tarde se produciría el Golpe Militar. Las organizaciones de todo tipo fueron intervenidas y muchos dirigentes perseguidos. En la década de los ’80, la rearticulación de las Juntas de Vecinos y la elección de sus dirigentes contribuyeron decisivamente al impulso democratizador. En las postrimerías de la dictadura se dictó una normativa que pretendió dejar atados ciertos principios que no garantizaban la autonomía y fuerza de las organizaciones.
El Gobierno del Presidente Patricio Aylwin promovió una nueva ley, tendiente a dejar atrás las limitaciones autoritarias. Ella, sin embargo, adoleció de diversas dificultades, siendo la principal la atomización resultante de permitirse más de una por unidad vecinal, según lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
Con posterioridad, estas organizaciones han sido afectadas, en diverso grado, por el creciente individualismo y apatía. El Informe del PNUD 2015, estableció que sólo un 35% de los chilenos estaría dispuesto a organizarse con otros para lograr algún objetivo común, sacrificando para ello una parte de su tiempo libre.
Ha faltado decisión para fortalecer el tejido social y especialmente las Juntas de Vecinos. Es una deuda de la democracia. Por el contrario, en muchos ámbitos se han seguido favoreciendo soluciones individuales a problemas colectivos, desconociendo la potencialidad y rol sustantivo que la organización de los vecinos.
Hemos propuesto un proyecto de Ley, suscrito por todos los sectores, que modifique la actual normativa. Necesitamos que vuelva a existir sólo una organización por unidad vecinal. Asimismo, debe facilitarse su constitución y establecerse reglas claras de transparencia y probidad para los dirigentes.
También es imprescindible una nueva relación con los municipios e instituciones públicas, que garantice sus facultades, autonomía y valore su importancia; que facilite su funcionamiento y que respete a sus dirigentes y sus espacios.
En una época en que la ciudadanía exige mayor participación e influir en las decisiones, las Juntas de Vecinos tienen enormes potencialidades para aprender a vivir e interactuar con otros. Y esto en el mundo actual no es cualquier cosa. Necesitamos integrarnos con los diversos; aprender a solidarizar, a actuar colectivamente frente a las necesidades, a construir vidas más seguras.
Las Juntas de Vecinos pueden ser un valioso aporte desde los territorios para fortalecer la cohesión social, mejorar la democracia y avanzar a un desarrollo más integral.
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