Hacia una política integral orientada a los jóvenes
El Gobierno busca ampliar el control preventivo de identidad a los jóvenes de entre 14 y 18 años. Fundamenta su propuesta en la participación de menores en ilícitos, especialmente de alta connotación social. Es una idea discutible, pues aborda el tema desde una perspectiva parcial e insuficiente, además de estigmatizadora. Desde la seguridad pública, tampoco parece eficaz combatir los delitos saliendo a buscar al azar a las calles.
Sin embargo, tenemos que reconocer que hay problemas reales y proponer alternativas. Múltiples razones llevan a estos casos. Debemos apuntar a las verdaderas causas.
Vivimos en una sociedad con una fuerte carga de frustración y violencia, largas jornadas laborales que dificultan la convivencia familiar, alta deserción escolar, un preocupante desempleo juvenil y escasas oportunidades para el uso del tiempo libre, sobre todo en barrios populares, donde, paralelamente, acecha el crimen organizado.
La educación ha descuidado la formación en valores y responsabilidad ciudadana, minimizando el rol de los profesores y desatendiendo la relevancia de contribuir, tanto a que niños y jóvenes elaboren su proyecto de vida, integrando las diversas dimensiones de su personalidad, como a insertarlos a la comunidad, con derechos y deberes.
Sean 138.000 ó 358.000 los jóvenes que desertan del sistema escolar, se trata de una cifra gigantesca. Lo anterior, junto con la reconocidamente pendiente reformulación del SENAME. Asimismo, es imprescindible fomentar el empleo juvenil, no solamente de estudiantes, para lo que se necesita una reorientación urgente del SENCE.
Tenemos que reducir las largas jornadas de trabajo para facilitar la relación entre padres e hijos. Requerimos, también, responder a la demanda de vivienda de jóvenes que buscan independizarse y, en salud, llegar a tiempo para brindar apoyo especializado a menores con trastornos afectivos o de personalidad.
Es necesario, además, brindar oportunidades para acceder al deporte y la cultura. Disponemos de una enorme cantidad de espacios deportivos en estado de abandono. Con monitores y un programa de actividades, serían una gran contribución al uso sano del tiempo libre. Los municipios tienen en ese ámbito un rol mucho más útil que en acciones cuasi policiales de dudosa efectividad.
Por último, ocupémonos en serio de la delincuencia juvenil, reforzando los programas de reinserción, revisando las normas sobre control de armas y municiones y ampliando sustantivamente los cupos para rehabilitación de alcoholismo y drogadicción.
Ese es el contexto que motiva la participación de menores en hechos delictivos o conductas antisociales y del que hay que hacerse cargo.
Poner el acento en el control preventivo, como la respuesta principal del Estado a un fenómeno tan complejo, es equivocado. Hagamos un debate más integral respecto de los jóvenes.
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