Migración masiva, barrios tensionados y un Estado que no se adapta

Carola Rivero

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A raíz de las recientes cifras publicadas por DecideChile, basadas en el Censo 2024, que revelan que comunas como Independencia (44,4%), Santiago (40,6%), Estación Central (38,7%), Quinta Normal (27,8%) y Recoleta (22,2%) concentran una alta proporción de población migrante, se vuelve urgente que el Estado reconozca esta realidad y actúe en consecuencia. Es necesario responder con una figura legal especial: "zonas de convivencia segura".

Cuando una de cada tres personas en un barrio viene de otro país -o incluso una de cada dos, como ocurre en Independencia-, la política pública no puede seguir operando como si nada hubiera cambiado. No se trata de estigmatizar, sino de asumir que la convivencia social también requiere gestión pública, prevención y presencia efectiva del Estado.

Los municipios, con estructuras rígidas y presupuestos muchas veces congelados, no logran sostener el peso de una transformación social de esta magnitud. Matrículas escolares, atención médica, ayuda social, servicios básicos: todo se ve tensionado. No es lo mismo recoger la basura de 83 mil habitantes (Independencia, 2015) que de 153 mil en 2025. Y sin embargo, muchas veces se pretende hacerlo con los mismos recursos. No da igual.

Cuando una casa está pensada para cinco personas y terminan viviendo 20, el resultado es evidente: desorden y desgaste relacional. Hay que invertir, ampliar, ordenar. Y, por supuesto, establecer reglas comunes y formas de convivencia claras y respetuosas. Lo mismo pasa en las comunas mencionadas: territorios con historia y vida barrial, donde el cambio cultural no solo se nota, se vive todos los días. A veces con esperanza. Otras, con tensión.

El uso del espacio público como extensión del hogar, como forma de encuentro o sustento informal, no es simplemente un problema de comercio ambulante. Es un fenómeno cultural que, sin mediación institucional, se convierte en foco de conflicto.

Por eso proponemos que, cada vez que una comuna supere el 25% de población extranjera residente -según datos oficiales-, el Ministerio del Interior active un protocolo nacional de intervención interinstitucional, similar a los que se aplican en contextos de emergencia local. Esto no se trata de beneficiar a unos ni castigar a otros. Se trata de proteger la convivencia en barrios que ya están bajo presión.

Este protocolo debería articular a los municipios con organismos como Interior, Salud, Educación y Desarrollo Social, y contemplar planes especiales de:

• salud mental barrial
• educación intercultural
• seguridad preventiva
• recuperación del espacio público

Y algo clave: no se trata de más recursos para migrantes, sino de más Estado donde más se necesita. Porque cuando el Estado se retira o llega tarde, lo que se instala es el miedo, el abandono o la respuesta autoritaria. Y ese vacío lo paga toda la comunidad: tanto los vecinos chilenos como también muchos migrantes, que piden expresamente no ser confundidos con quienes abusan de la hospitalidad o deterioran la vida en los barrios.

La convivencia no es espontánea. Se construye. Pero también se puede perder. Y eso, dolorosamente, lo hemos ido aprendiendo.