Cada día, en miles de hogares de Chile, alguien organiza remedios, acompaña terapias, prepara comida especial, cambia pañales a una persona adulta. Son cuidadoras y cuidadores que sostienen la vida sin sueldo, sin derechos y casi siempre en silencio. Imagina tener la voluntad de trabajar, las ganas de sentirse útil, pero no poder salir porque no hay nadie que cuide a quien amas. Esa es la realidad diaria de miles de familias en Chile.
El cuidado no puede seguir siendo una condena silenciosa. Chile debe dar el paso que ya dieron otros países: crear redes que permitan trabajar sin dejar de cuidar. Esta semana, en la población Maule de Renca una mujer lo dijo con crudeza: "Me encantaría volver a trabajar, sentirme útil, pero no puedo porque debo cuidar a mi marido. Tuvo un ACV y lo cuido todo el día. Cuando logro venir al club del adulto mayor, es solo para desconectarme un rato. Si hubiera un lugar donde dejarlo seguro, todo sería distinto". Ese lugar no existe. Y ahí está el problema.
Según la Encuesta Casen 2022, más de 1,2 millones de hogares tienen al menos un cuidador principal no remunerado. Ese trabajo invisible equivale a más del 20% del PIB ampliado, pero no genera ingresos, derechos previsionales ni respiro. Mientras tanto, el desempleo femenino alcanzó 9,9%, y muchas mujeres no aparecen en la estadística porque migran a la informalidad, buscando ingresos compatibles con el cuidado. Lo vemos en comunas como Renca, Independencia o Quinta Normal, donde la feria es la alternativa ante un Estado ausente.
Chile debate hoy un Sistema Nacional de Cuidados. Es un avance, pero aún cojo: reconoce derechos, pero no entrega soluciones reales para compatibilizar trabajo y cuidado. Reconocer sin proteger es una forma elegante de indiferencia. El paso que falta es un modelo progresivo:
Chile no tiene que inventar la rueda. Tiene que adaptar buenas prácticas.
¿Cuánto cuesta?
Implementar esta política con cobertura inicial para 120.000 personas costaría alrededor de 0,13% del PIB, según estimaciones del BID para modelos similares en América Latina ("Funding Options for Long-Term Care Services in Latin America and the Caribbean", 2021). Es menos de lo que Chile gasta en programas transitorios y muchísimo menos que el costo social de seguir ignorando esta realidad: pobreza estructural, pensiones mínimas y pérdida de productividad.
Se trata de justicia social progresiva y de bienestar. Abordar la salud mental no significa limitarse a tratar problemas individuales o familiares; implica también enfrentar las patologías sociales que nos enferman: la sobrecarga, el abandono y la soledad en la adversidad. Dar apoyo a quienes cuidan no es un gesto simbólico, es construir bienestar colectivo. Porque un país que cuida a quienes cuidan es un país más fuerte, más justo y más humano.
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