¿Qué pasa con la cultura en el Congreso?

Más de 30 proyectos de ley relacionados con cultura se tramitan actualmente en el Congreso. Una cantidad que asombra, aunque más sorprende su falta de avance. De acuerdo al último estudio del Observatorio de Políticas Culturales, casi el 80% de ellos no registró movimiento durante el 2012[1].

Es más, en promedio, cada proyecto lleva 3 años de inactividad. Gran parte de ellos, además, tuvieron como último y único movimiento su ingreso al Parlamento y la asignación de una Comisión de Trabajo. Es decir, entraron a tramitación  pero no han sido discutidos.

Pero lo que más llama la atención es la enorme distancia entre estas iniciativas y las necesidades del sector.

El caso más dramático es la Ley de Monumentos Nacionales. Hace 40 años que la principal normativa con la que contamos para proteger nuestro patrimonio no ha sido actualizada. La urgencia de una modificación está ampliamente documentada y es consenso en todos los sectores.

De hecho, tanto el programa de gobierno de Michelle Bachellet como el de Sebastián Piñera comprometían un proyecto para reformarla. El actual Presidente incluso anunció la medida el 21 de mayo de 2010, sin que hasta el momento eso haya ocurrido.

En este contexto encontrar cuatro iniciativas legislativas que plantean modificaciones a esta ley, pero en aspectos tan poco medulares, solo contribuyen  a profundizar la incongruencia. Por ejemplo, dos de ellos se centran en la necesidad de ingresar un miembro más a los 20 consejeros que actualmente tiene el Consejo de Monumentos Nacionales y otra busca responsabilizar a los organizadores en caso que en una marcha o manifestación se dañe al patrimonio cultural.

Otro tanto pasa con el Cine, la Música y el Libro, donde en general, extraña más lo que no está, que lo que se propone. Por supuesto, hay importantes procesos legislativos en curso que cambiaran las condiciones en que se desarrolla el sector, como el proyecto que modifica la Ley de Donaciones Culturales y el de TV digital.

También hay algunas propuestas que vale la pena discutir porque ponen el centro en temas complejos como la escasa difusión de la producción artística nacional. Pero estos casos son la excepción. La mayoría, de aprobarse, ofrecerían un pobre aporte al sector.

En este escenario, no ayuda el hecho que el Senado carezca de una Comisión de Cultura y el tema deba abrirse paso entre otros proyectos de transcendental relevancia para Chile como son los de Educación, Ciencia y Tecnología.

Tampoco colabora el que en las comisiones de ambas cámaras encargadas de Cultura estén en trámites más de 70 proyectos relacionados con declaratorias de días como el del Manipulador de Alimentos, el del Trabajador Forestal o del Suplementero. Loables iniciativas que corresponderían ser revisadas por otras comisiones y que seguramente terminan en Cultura, apelando a un amplio concepto de ella que en este caso, solo diluye el foco de la discusión.

También hay que recordar que las prioridades respecto de lo que se discute en el Parlamento las define el Ejecutivo, a través de la facultad presidencial de establecer urgencias, por lo que el avance de las tramitaciones depende mucho del Presidente. Solo 3 de los 34  proyectos analizados tienen algún tipo de urgencia. Es más, solo 2 de las 4 iniciativas legislativas que el mismo gobierno presentó tienen urgencia.

Ni el proyecto que incentiva la música chilena en las radios, ni el de Premios Nacionales han sido considerados prioritarios

Cuando pensamos en la responsabilidad del Estado en Cultura apuntamos a los organismos de gobierno y olvidamos el papel que puede jugar el poder legislativo. Gran parte de la atención pública -cuando la hay-, se enfoca en los presupuestos y programas gubernamentales, en circunstancias que una ley bien pensada puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo cultural de nuestro país.

[1] El estudio completo se puede encontrar en www.observatoriopoliticasculturales.cl