Una ley de patrimonio cultural necesaria para nuestro país

Nivia Palma

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El patrimonio cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien público, es un espacio de encuentro , de construcción y reconocimiento de lo que somos, de cómo nos miramos y nos imaginamos como comunidad(es), de construcción y ejercicio de ciudadanía, de generación y articulación de sentidos de pertenencia,  es un espacio de construcción y reconstrucción de la identidad chilena, entendida ésta como resultado de un proceso de construcción y reconstrucción social,  complejo, tensionado y dinámico, y un espacio de creación de proyectos conjuntos de futuro.

Nuestro país acoge y es portador de un patrimonio cultural amplio, heterogéneo, diverso y plural, material e inmaterial, conformado por personas y comunidades.

Sin embargo esta diversidad de patrimonios muchas veces ha sido silenciada, negada y omitida por el relato y discurso oficial y, por cierto, por la protección oficial que otorga la declaratoria de monumento nacional.

Lamentablemente en nuestro país, por muchas décadas ha primado un discurso sesgado o excluyente del patrimonio cultural que se funda en la supuesta homogeneidad étnica, cultural, religiosa y territorial de Chile, y desde allí concibe la identidad  chilena como única, creada y constituida de una vez y para siempre.

Sin duda, son innegables los avances que hemos tenido en las últimas décadas en la comprensión más democrática, plural y diversa del patrimonio cultural, y en los mayores niveles de conciencia de la ciudadanía acerca de la relevancia de los ejercicios de memoria,  definición patrimonial y puesta en valor de bienes, sitios y prácticas patrimoniales, para su propia convivencia, mutuo reconocimiento y sentidos de pertenencia y construcción de proyectos de futuro.

Igualmente, han sido un gran aporte y avances la extraordinaria labor desarrollada por la Ex Dibam, hoy Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y la creación del Fondo del Patrimonio Cultural en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la Ley 21.045 que crea el ministerio de las Culturas, las Ares y el Patrimonio.

Sin embargo, nuestro país tiene un gran deuda en materia de patrimonio cultural. La creación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Fondo del Patrimonio Cultural, junto a la creación del ministerio de las Culturas, fueron grandes avances institucionales; sin embargo, más allá de ciertos ajustes menores, la legislación patrimonial chilena, en particular la Ley de Monumentos Nacionales,  no ha sido modificada en profundidad por más de 40 años.

Durante la administración de la Presidenta Bachelet, y bajo la conducción del ex ministro Ernesto Ottone, el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes (CNCA), con el apoyo especializado de la antropóloga y premio nacional Sonia Montecino, convocó y desarrolló en todo el país un proceso de diálogo, reflexión y propuestas para una ley del patrimonio cultural.

Fue un programa valioso y que aportó una mirada amplia y  diversa de distinta comunidades, ciudadanos y ciudadanos, organizaciones e instituciones, especialistas, etc.

Como resultado de este proceso, se elaboró un documento que se entregó al nuevo gobierno para contribuir a la generación de una propuesta legislativa que diera paso a una Ley del Patrimonio Cultural.

El presidente Piñera, con fecha 26 de mayo del presente año, envió a la Cámara de Diputados el Mensaje con el que inicia un Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural (Boletín 075/367).

Sin perjuicio de algunas observaciones, valoro altamente esta iniciativa por un conjunto de razones.

a) Actualiza el concepto de patrimonio cultural,  incorporando definiciones e instrumentos internacionales; b) Actualiza, amplía y redefine categorías de protección patrimonial del Estado en materia de patrimonio tangible o material;

c) Incorpora el patrimonio inmaterial con plena concordancia con instrumentos internacionales suscritos por Chile;

d) Considera la participación ciudadana como un elemento central en la definición , conservación y protección patrimonial; redefine el actual Consejo de Monumentos Nacional, que se transforma en el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, con diversos de actores del estado y la sociedad civil;

e) Contempla la desconcentración territorial del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, lo cual es fundamental para cumplir eficazmente la tarea;

f) Mejora los instrumentos de incentivos tributarios para asumir los altos costos que, muchas veces, implican la mantención o conservación de bienes culturales protegidos.

Por cierto, el debate parlamentario puede mejorar la propuesta del Gobierno, en especial cuidando la estabilidad de los actuales funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que serán traspasados.

Sin embargo, pienso que es un proyecto de ley que debe ser leído y acogido como un aporte a nuestra institucionalidad cultural y patrimonial y que será un gran aporte para procesos mayores y más democráticos de definición y protección patrimonial, y de visibilidad y reconocimiento de las diversas comunidades que conforman nuestro país, para conocer ese pasado que no ha pasado , que viniendo del pasado se hace presente en el presente y desde el presente se proyecta hacia el futuro, como nos decía Fidel Sepúlveda Llanos.