La frágil relación entre pobladores y Carabineros

Johanna Madrigal

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El adolescente arrojado el viernes pasado por un funcionario de Carabineros al río Mapocho es puentealtino, estudia en el mismo liceo en el que estudié y vive en un contexto barrial similar al de mi adolescencia. Eso no me hace conocedora de “su realidad”, pero seguro compartimos algunos elementos, por lo que me atrevo a escribir de acuerdo a mi percepción.

Muchas de las poblaciones de la comuna de Puente Alto nacen producto de la política gubernamental de los noventa en materia habitacional, la cual se enfocó en la entrega de viviendas sociales en la periferia de la capital. En ese contexto, diversas problemáticas sociales se agudizaron, generando focos de segregación y marginación, lo que también se tradujo en una alta demanda hacia las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en algunos de estos sectores.

En “la pobla” la relación con estas figuras - no siempre de autoridad - es compleja y variada, desde la necesidad a la desconfianza, del agradecimiento al enfrentamiento, aunque no se puede dudar que una parte de sus habitantes confíen plenamente en estas instituciones.

Sin embargo, el poblador sabe que en esta interacción no recibe el mismo trato que quienes habitan sectores más privilegiados; sabe que siempre está bajo sospecha, que sus demandas no son prioridad, que frente a la autoridad él siempre pierde porque la relación no tiene nada de horizontal.

De ahí que puedan surgir sentimientos de temor, rabia y/o descontento hacia instituciones como Carabineros, los que muy probablemente se agudizaron a partir del llamado “estallido social”.

Los graves casos de violación a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales desde octubre pasado a la fecha, y que este fin de semana lamentablemente se ejemplifican con la agresión al mencionado joven estudiante,  agudizan la crisis de legitimidad ciudadana que vive carabineros.

Hoy se hace aún más difícil pensar en estrategias de colaboración en los territorios que integren a comunidades de los sectores más excluidos. La responsabilidad de llevar a cabo dicha labor no es exclusiva de esta institución, sino también del ministerio del Interior y autoridades locales, e implica no sólo reforzar las confianzas sino construir lazos donde no los hay.

Conlleva, además, establecer una relación que se base en otra noción del poder, en la que su ejercicio no se sustente en la coerción o violencia institucional, ya que, siguiendo a Luhmann (1985), donde hay violencia, no hay poder; es decir, el ejercicio de la violencia es justamente una manifestación de pérdida de este último.

Cuando los sectores políticos hablan de restructuración de la Institución de Carabineros, están obviando esta relación fragilizada.

Se habla de restaurar la confianza perdida, pero esa confianza nace rota para un joven de 16 años que crece  en un ambiente  que difícilmente podrá transformarse si quien está llamado a proteger a la población termina empujándola al río para acallarla.