Unidos por la protección y el buen trato

El Consejo Nacional de la Infancia reconoce y destaca el importante aporte que significa la creación de 26 nuevas salas Gesell en tribunales de familia del país. Esta es una respuesta concreta que adapta las estructuras del sistema judicial a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, ofreciéndoles espacios amigables y respetuosos de sus derechos, con la intervención de profesionales especializados en su función de colaboradores de la labor que realiza la justicia de familia.

A través del uso de estas salas el derecho a ser oído podrá ser ejercido como una realidad concreta, se evitará la exposición a nuevas experiencias de trauma por las situaciones vividas, y los jueces contarán con valiosa información sin que ello implique nuevas citaciones para decidir respecto a la protección requerida, especialmente en los procedimientos por grave vulneración de derechos en los espacios familiares.

Este es un ejemplo de política de Estado donde prima el principio del interés superior del niño, y donde las instituciones se hacen cargo de sus tareas pendientes en relación a la garantía de sus derechos.

Pero aún queda mucho por hacer. Es por eso que para avanzar en este mismo sentido, la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de niños, niñas y adolescentes en Procesos Judiciales, convocada por el Consejo Nacional de la Infancia y conformada por representantes de las instituciones relevantes del Estado en esta materia, identificó durante el segundo semestre del año pasado los principales  nudos críticos que inciden en la victimización secundaria, entregando propuestas para resolverlos adecuadamente, las que iniciarán su implementación durante el presente año, y que van en directa relación con la creación de estas nuevas salas.

Estos cambios institucionales contribuyen al cambio cultural que necesitamos lograr como país, para poder avanzar en el desafío de cumplir con la exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado al que adherimos como país desde el año 1990.

Para llegar a la meta, es necesario que la ciudadanía en su conjunto participe en la promoción y garantía universal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile.