40 Horas: cómo llegó a ser ley y los desafíos ante la flexibilidad

Andrés Giordano Salazar

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El proyecto de reducción de jornada a 40 horas acaba de ser promulgado, en un escenario de aparente sorpresa por el acuerdo el acuerdo transversal en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, a pesar de la resistencia de Chile Vamos, el Partido Republicano y el gran empresariado, quienes se enfrentaron a un proyecto empujado por sindicatos y rápidamente abrazado por la ciudadanía.

En el año 2019, el gobierno del Presidente Piñera, enfrentado a las obstinadas parlamentarias Karol Cariola, Gael Yeomans y la actual ministra Camila Vallejo, no pudo detener el avance del proyecto en la Cámara, sin embargo, en dicho escenario la derecha instaló una medida de precarización que era necesario hacer retroceder.

Incorporaron al proyecto que las y los trabajadores pudieran laborar más de 40 horas en una semana y menos en otras, con el objetivo de alcanzar un promedio de 40 horas en 8 a 12 semanas de trabajo. Lo anterior, con los actuales topes de 10 horas diarias, implicó que la derecha pusiera sobre la mesa la posibilidad de que se trabajara 60 horas semanales, sin límites respecto a las semanas consecutivas; a modo de ejemplo, nada impedía estar dos meses trabajando 60 horas semanales.

En este escenario el cambio de Gobierno sí hace la diferencia, un proyecto que se encontraba estancado en el Senado logró avanzar con el empuje del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a pesar de la mayoría opositora, logrando incluso frenar esas indicaciones precarizadoras de flexibilidad de la derecha.

Aquí, la arremetida de la oposición no se hizo esperar y nuevamente ingresó indicaciones para una jornada promediada de 40 horas en periodos trimestrales (12 semanas), donde el tiempo máximo en una semana era de 52 horas ordinarias, a las que sumaron una bolsa de horas extraordinarias de hasta 144 horas, llegando a semanas con 72 horas semanales, toda vez que se alteraba el tope diario de las horas de trabajo de 10 a 12 horas.

El Gobierno protegió el espíritu original del proyecto de 40 horas e hizo retroceder a la derecha en un escenario adverso; lo que se aprobó hoy es que la jornada se puede cumplir de dos formas, a saber: 40 horas semanales o 40 horas en promedio de 4 semanas. En este último caso, el máximo posible de trabajo en una semana es de 45 horas, debiendo compensarse dentro del ciclo, con otra semana de 35 horas, y con la condición de negociarse con el sindicato en caso de que la persona se encuentre afiliado o afiliada, lo que permitirá abordar otro tipo de mejoras laborales o derechamente proteger el descanso laboral.

Adicionalmente, con el objetivo de limitar los efectos flexibilizadores, una semana antes del inicio del ciclo, debe comunicarse el trabajo de las cuatro semanas siguientes -el ciclo completo-, aspecto que sin duda debe fortalecerse con la interpretación de la Dirección del Trabajo, a propósito del principio de certeza respecto de la jornada que tienen todos los trabajadores y trabajadoras; y a la vez robustecer esta misma institución, clave para garantizar la fiscalización de eventuales abusos en cada región del país, lo que requiere mayores recursos en el próximo presupuesto para esta institución.

De esta forma, se logró disminuir la flexibilidad y garantizar la tutela de los sindicatos para su implementación, lo que supone una oportunidad, pero también una responsabilidad: los sindicatos tendrán que tomar las riendas de este proyecto y defender el debido descanso de las trabajadoras y trabajadores. Para que ello se cumpla es necesario e ineludible discutir un nuevo modelo de relaciones laborales equitativas, que incluya negociación ramal y multinivel, fortaleciendo y dando garantías para el ejercicio de la actividad sindical, lo que ha sido comprometido por el Gobierno como una iniciativa para el presente año.

Adicionalmente, respecto a jornadas especiales de trabajo como el transporte, el agro, trabajadoras de casa particular, gente de mar, entre otros, el Gobierno incorporó medidas que no estaban originalmente en lo aprobado por la Cámara, permitiendo la reducción de su jornada. Asimismo, reguló materias de jornadas excepcionales para reducirlas en sectores como la minería, la salmonicultura, salud privada, entre otras, donde los trabajadores y trabajadoras podrán mantener los modelos actuales de jornadas de hasta 42 horas semanales con más días libres, o derechamente negociar la rebaja a 40 horas, debiendo recordar que las jornadas excepcionales siempre requieren del acuerdo colectivo del sindicato y de la autorización de la Dirección del Trabajo.

Finalmente, un avance importante se ha dado respecto a la exclusión de jornada, donde se limitó y eliminó la lógica actual, que negaba el derecho a una jornada a una serie de trabajadores y trabajadoras, como quienes teletrabajan, ganan por comisión o ejercen funciones fuera de un local, entre otros, regulando la exclusión sólo respecto de las altas gerencias y de aquellos que laboren sin supervisión superior inmediata por la naturaleza de las funciones.

A propósito de la exclusión, el avance tecnológico nos pone en un nuevo escenario respecto a lo que implica la naturaleza de las funciones, especialmente considerando que éstas se desarrollan en un contexto en que existen mecanismos de control como GPS, celular, computador, entre otros, los que difícilmente permiten suponer que un trabajador no está con supervisión, avanzando hacia una aplicación de la exclusión cada vez más excepcional, especialmente si se considera otra modificación que incorpora el proyecto, relativo al deber del empleador del registro de jornada incluso a través del uso de sistemas electrónicos.

Sin duda, el escenario ideal hubiese sido eliminar completamente la norma de promedios aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en 2019, sin embargo, con una serie de restricciones instaladas desde el oficialismo, se hizo retroceder esta norma de la derecha que precarizaba profundamente a los trabajadores y trabajadoras y, en suma para la resta, este proyecto logra cumplir con sus objetivos originales, otorgando un rol relevante al actor sindical, solicitado por diversos especialistas durante la discusión, lo que es especialmente importante porque es un proyecto que fue empujado desde los sindicatos.

Esta tramitación también entrega una serie de lecciones, se requiere de los sindicatos organizados empujando aquellas políticas que sean de su interés, especialmente con un Congreso donde dominan fuerzas opositoras, participando activamente y planteando sus inquietudes a parlamentarias y parlamentarios, logrando que quienes ocupamos un rol en el debate legislativo, profundicemos la democracia con un Gobierno que debe apoyarse en el poder que detentan los trabajadores y trabajadoras para las transformaciones sociales, quienes día a día hacen crecer al país.