Julio Ponce Lerou se ha convertido en el villano de la democracia chilena.Con los dineros de Soquimich, la empresa que controla, ha torcido sistemática la soberanía popular al financiara parlamentarios de diverso signo, preferentemente de la derecha.
Desfilan y desfilan boleteros ideológicamente falsos por los tribunales, queda un ex ministro UDI con arresto domiciliario nocturno por cohecho en la tramitación del Royalty minero, pero el brazo de la justicia no logra llegar hasta él.
Aparece su mano negra en el Caso Cascadas, la Superintendencia de Valores y Seguros le aplica millonarias multas, pero el brazo de la justicia aún no logra llegar hasta él.
Julio Ponce Lerou se ha convertido en un intocable para la democracia chilena.
Su escudo de impunidad se explica por las profundas redes familiares, políticas y económicas que forjó durante la dictadura y que expandió durante la transición.
Desde que su ex suegro, el dictador Augusto Pinochet, le pidió en 1973 regresar desde Panamá, hizo una carrera meteórica en el Estado para desmantelar las empresas públicas y amasar fortuna en tiempo récord de manera poco transparente.
Diferentes investigaciones periodísticas lo responsabilizan de apropiarse de una serie de fundos en el sur de Chile. Curiosamente su primer cargo tras volver a Chile fue ser director de Conaf. Desde allí, además, encabezó la contra-reforma agraria y cimentó la industria forestal gracias al subsidio DL 701.
A su vez, esa política pública de la dictadura forjó el imperio CMPC, empresa que hoy admite 10 años de colusión en el área del papel tissue y cuyas plantaciones ha perjudicado ambiental, social y culturalmente los territorios. De esta forma, Ponce Lerou también es co-responsable del actual conflicto mapuche.
Pero el apetito del ex yerno era insaciable.
En 1987, la dictadura le hizo otro pase al privatizar la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). Entre 1986 y 1988 Corfo le vendió el 93% de las acciones en 7.237.000 de UF, mientras que los especialistas la tasaban en 12.766.000 UF. A través de la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera clavaron bandera definitiva en la compañía. Así se convirtió en el “Zar del litio”.
Mito urbano o realidad, se cuenta que la voracidad para apropiarse de negocios generó durante la dictadura la molestia de altos mandos castrenses. Se afirma, incluso, que el fallecido empresario Ricardo Claro lanzó una campaña secreta para denunciarlo por enriquecimiento ilícito.
Este sucinto perfil revela que no estamos ante un personaje de trigos limpios. ¿Qué se hace para destronar a un intocable?
Para defender a la democracia de este agente corruptor, en mayo pasado nuestra Bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana presentamos un proyecto de ley para declarar al litio y a Soquimich de interés público.
El objetivo es dotar al Estado de una facultad excepcional que le permita expropiar la firma y el mineral no metálico. Asignar de interés nacional al litio y a Soquimich es un primer paso para la devolución.
La declaratoria de interés nacional involucra no solo la explotación, sino que también la comercialización y la industrialización del litio. En síntesis, dota al Estado para desarrollar la industria de manera estratégica.
Esta potestad significa alterar sustancialmente el régimen que permite la explotación privada del litio, pues aun cuando su explotación sea ejercida por privados, permitirá fijar condiciones más ventajosas para el Estado.
Por otra parte, las dimensiones comprendidas en la declaración de interés nacional dan sustento jurídico para la creación de la empresa pública del litio recomendada por la Comisión Nacional del Litio.
Debemos seguir acumulando fuerzas para destronar al “Rey del litio”.
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