Devolver lo que es justo: justicia eléctrica para Chile

Javiera Morales Alvarado

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Cada familia chilena conoce el peso de la cuenta de la luz a fin de mes. No es un gasto menor: es parte del esfuerzo cotidiano de miles de hogares que hacen rendir cada peso. Por eso, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó que desde 2017 millones de personas habían pagado de más por su electricidad, se puso en evidencia una situación inaceptable: no existe un mecanismo claro para devolver esos montos.

Es por ello que, junto con la bancada del Frente Amplio, he presentado una "ley corta" que nace, precisamente, del sentido de justicia que surge cuando se escucha a las familias, cuando se entiende que es necesario contar con un sistema que responda con la misma prontitud y eficiencia con las que las empresas les exigen -y cobran- a los ciudadanos. Es necesario que la responsabilidad legislativa dé el ancho, razón por la cual este proyecto de ley no solo cobra sentido, sino que es de vital relevancia.

Actualmente, la ley no obliga a las empresas a devolver en forma automática los cobros en exceso cuando estos se cometen. Así, esta "ley corta" permite que cada vez que haya un error o un ajuste en las tarifas eléctricas, la devolución sea automática y con reglas claras, no dependiendo de la mera voluntad de las empresas. Aquí, la devolución será sin trámites, sin esperas, sin incertidumbre y transparente.

Algunos podrían argumentar que este proyecto de ley genera una carga adicional para las empresas, o que introduce un exceso de intervención estatal. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que sistemas tarifarios claros y fiscalizados generan menos conflictos, menor litigiosidad y mayor confianza de los usuarios. Además, esta normativa no propone cambios radicales en la metodología tarifaria, sino un mecanismo de corrección inmediata: se trata de eficiencia y transparencia, no de ideología.

Finalmente, devolver lo cobrado de más no es un gesto simbólico, es justicia con rostro humano. Cada peso que vuelve a las familias importa, porque confirma que sus esfuerzos se valoran y que sus derechos son respetados. En un país donde la vida se ha vuelto más cara, iniciativas como esta no solo alivian el bolsillo, devuelven tranquilidad, confianza y legitimidad al sistema.

Esta "ley corta" es un ejemplo de cómo la política puede funcionar: escuchando a las personas, entendiendo sus problemas y generando soluciones concretas; pero, asimismo, dotando al Estado de eficiencia y al mercado de mayor estabilidad y competitividad. No obstante, es necesario mayores esfuerzos, es imprescindible comprometernos con Chile independiente del color político que tengamos; el llamado ya fue realizado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y es que frente a esta problemática se requiere un apoyo transversal de las fuerzas políticas. Nosotros, como Frente Amplio, hemos dado un paso sustancial, y esperemos que el compromiso sea el mismo desde las otras miradas y frentes políticos, y es que la justicia eléctrica para Chile no puede esperar.