El acuerdo entre privados y el Estado es fundamental

Andrés Palma

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^{Coescrita con la Coordinación General del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible}

Cerrando el año 2023 y cerca de culminar los dos primeros años de gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible aporta un balance de la situación de la economía nacional y lo que ha sido la gestión económica del gobierno.

Una evaluación precisa exige recordar que esta administración recibió una economía con profundos desequilibrios fiscales, monetarios y en cuenta corriente. En efecto, como resultado de una política fiscal que en 2020 fue mezquina para salir en ayuda de los amplios sectores afectados por el Covid-19 y sus efectos económicos, se generaron presiones que culminaron con significativos retiros de los fondos de pensiones. Dichos retiros generaron en 2021 un enorme incremento en la demanda, a lo que se agregó una política fiscal en extremo expansiva, en el contexto de un año electoral. La nueva administración heredó un déficit fiscal cercano al 10% del PIB, un déficit en la cuenta corriente de 6,6% del PIB y una inflación creciente de 9%, la que en agosto de 2022 alcanzó su tope anualizado, de 14%. Esto, como consecuencia de los impactos de la invasión rusa a Ucrania en los precios internacionales del gas, petróleo, aceites, cereales y lubricantes.

La actual gestión macroeconómica ha sido exitosa en reducir la inflación, que junto con la seguridad es uno de los temas que más afectan a las familias: La inflación fue solo 4,8% en los 12 meses que culminaron en noviembre. En ello ha tenido gran importancia la reducción en 2022 y el control del gasto público en 2023, lo que está permitiendo que, según la proyección del Banco Central, la inflación no supere el 3% a mediados de 2024, alcanzándose así la meta del emisor. El ajuste y control de las finanzas públicas, y la política restrictiva del Banco Central han permitido reducir la inflación y cerrar el déficit fiscal y el de cuenta corriente, por lo que la desgastante herencia de política económica con la que se inició el actual gobierno se puede considerar superada, lo que permite proyectar un moderado crecimiento para el año 2024. A ello contribuyen el presupuesto expansivo aprobado por el Congreso Nacional y las rebajas de tasa realizadas y anunciadas por el Central.

Si bien el presupuesto es expansivo, lo que se refleja en la proyección de un déficit de 2,1% para el año 2024, y las rebajas de tasas van en la dirección correcta, como Foro estimamos que son insuficientes para acelerar la reactivación. Una vez corregidos los principales desequilibrios, creemos que el Banco Central ha actuado con lentitud, lo que afecta las decisiones de inversión y, en particular, la actividad de la construcción y la demanda por créditos hipotecarios. Con las actuales tasas de interés no es posible esperar una pronta reactivación. Ello se ha reflejado en la lentitud de la recuperación del crecimiento, en la caída del consumo (-3%) y sobre todo en la debilidad del mercado de trabajo. Aunque ha aumentado la ocupación, reduciéndose la brecha a 383 mil empleos en comparación con la prepandemia y la tasa de desempleo combinada (tasa de desocupación y fuerza de trabajo potencial) disminuye por segundo mes consecutivo, el mercado laboral continúa débil, en particular en el sector de la construcción.

Crucial para el desempeño de la economía nacional en el 2024, en lo que a los factores internos se refiere, es que se concreten dos bajas fuertes de la TPM, en torno a 100 puntos base en enero y abril, y que el Gobierno otorgue un fuerte impulso a las obras públicas y la construcción.

El hecho de haber restablecido los equilibrios macroeconómicos y reducir la inflación, sin caer en una severa recesión y sin llevar el desempleo a los dos dígitos, es lo que ha llevado a la prestigiosa revista The Economist a sostener que el comportamiento de la economía nacional con base a los indicadores de inflación, PIB, empleo y desempeño del mercado de valores se ubica en el puesto número 7 de los países evaluados, ocupando el primer lugar en América Latina y superando a países como España, Polonia y Portugal. Dicho indicador no dice que el país haya alcanzado el desarrollo, sino que el manejo de la política económica es el adecuado, por ello sorprende la crítica, entendida desde el ideologismo, a una de las más prestigiosas revistas conservadoras de análisis económico.

Sin embargo, las perspectivas de mediano plazo se ven afectadas por factores políticos contingentes. El Banco Central ha estimado el crecimiento tendencial en 1,9% para los próximos 10 años, una cifra que no permitiría resolver los problemas del país. En dicho guarismo influye de manera determinante la falta de acuerdo respecto a los cambios que se hacen necesarios en la estructura económica, lo que se reflejó en los fracasados procesos constituyentes, en el empantanamiento en tres gobiernos consecutivos de una reforma que permita mejorar las pensiones y en la crisis auto infringida por las Isapres, que tiene su origen no solo en cobros indebidos a sus afiliados, sino en la incapacidad de acordar una reforma sanitaria que evite las discriminaciones en base a la disponibilidad de recursos y la escalada de costos en los prestadores privados. Los partidos de derecha se encuentran al debe respecto de estos aspectos.

La necesidad de acuerdo entre los inversionistas privados y el Estado es fundamental, por eso son tan alentadores los acuerdos respecto al hidrógeno verde, alcanzado a comienzos de mes en Magallanes; y el litio, recientemente anunciado, y que permitirá al Estado, por medio de Codelco, alcanzar el control propietario mayoritario de la principal empresa productora de dicha materia prima en pocos años más. Ambos casos muestran que sumar voluntades es posible, que los acuerdos público-privados son necesarios y que ello beneficia a las partes y al país.

Por esta razón, creemos que la propuesta gubernamental del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal que ha sido elaborada en una amplia discusión con los diferentes actores económicos, sociales y políticos, debe ser asumida como un gran acuerdo nacional. El pacto, que entre enero y marzo introducirá 7 proyectos cruciales para el desarrollo en el largo plazo del país a consideración del sistema político y de la ciudadanía, debe ser la instancia que deje atrás las políticas sectarias, y asuma la implementación de iniciativas como la modernización del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, buscando armonizar el crecimiento con la sostenibilidad; acelerar la recuperación de la capacidad de crecimiento; reducir los trámites administrativos; mejorar el sistema tributario mediante la reducción de la evasión y la elusión; y el compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el crimen de cuello y corbata, tan vinculado a la corrupción y el narcotráfico.

El año 2023 termina con buenas noticias: la inflación tiende a normalizarse en los valores meta del BC; la creación de puestos de trabajo empieza a dinamizarse; la inversión extranjera es de las más altas de los últimos años; el acuerdo Codelco-SQM en la explotación del litio nos permitirá ingresar con más fuerza en los sectores con más futuro; se ha obtenido la mayor generación de energía eléctrica limpia de la historia; las exportaciones no tradicionales baten un nuevo récord.

Si avanzamos en ese acuerdo nacional, las buenas noticias no se limitarán al manejo macroeconómico, sino a mejoras concretas en pensiones, salud, educación, medio ambiente, energía y seguridad. Con ello, seremos testigos de la creación de empleos de calidad, producto de la transformación productiva que se inicia, en la que el país tiene una ventana de oportunidad que solo un acuerdo nacional puede aprovechar. Llamamos a jugarnos por este gran acuerdo y a no desperdiciar la gran oportunidad que se nos presenta.