El litio para Chile: la oportunidad es ahora

Daniel Jadue

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Hace algunos días nos enteramos por la prensa de que Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, estaba siendo buscado intensamente por la Tesorería General de la República, el Servel y la PDI para notificarle una demanda por el no pago de 3.200 millones, por intereses adeudados al Fisco.

Una suma escandalosa, en medio de las grandes necesidades que tiene el país y que además son una falta de respeto a la mayoría de chilenas y chilenos que día a día trabajan y pagan su deudas disciplinadamente.

A pesar de lo impactante de la noticia, lo más relevante que se desprende de ella no es lo mezquino que puede llegar a ser un multimillonario, lo más relevante es que el señor Ponce, quien se niega a pagar, es el principal controlador de la empresa que posee un generoso contrato de arriendo para la explotación del principal salar de nuestro país. Él tiene en su poder una fuente de riqueza natural, desde donde se obtiene el 65% del litio que nuestro país produce, contrato que vence, gracias a la generosidad infinita de la exConcertación, el año 2030.

¿Por qué es tan relevante la noticia entonces? Porque nos encontramos en los minutos finales del período en que el gobierno debe definir qué se hará una vez terminado este contrato con la gran minería del litio. Aquí proponemos tres alternativas:

La primera es dejar todo como está y que el paso del tiempo obligue al gobierno a negociar con el controlador actual para darle continuidad al contrato que lo ha convertido en uno de los hombres más ricos de nuestro país, mediante la explotación de un recurso que es de todas y todos los chilenos. Lo anterior se desprende de los tiempos necesarios para desarrollar los estudios y obtener los permisos que se requieren para cambiar de operador, lo que en el mejor de los casos demoraría cerca de seis años.

Es decir, si queremos dar cumplimiento al programa y generar "Una minería para Chile", tenemos apenas el tiempo necesario para que quien tome la posta haga los estudios necesarios y obtenga los permisos para darle continuidad a la operación del salar.

Si por negligencia o desidia los tiempos siguieran corriendo y quedáramos "fuera de plazo", simplemente no quedaría otra que volver a negociar con el controlador actual para darle continuidad a la explotación, lo que sería, a lo menos, un desastre.

La segunda opción, que podría llegar a ser complementaria con la tercera, es dar curso a una licitación nacional e internacional para buscar un nuevo operador, ya sea total o parcial, lo que implica un proceso de similar extensión temporal -por lo que demoran- la elaboración de las bases técnicas, la presentación y la evaluación de las ofertas, y los estudios necesarios para obtener los permisos necesarios para el traspaso y la puesta en marcha de la nueva operación.

Y la tercera posibilidad, enmarcada en la propuesta del programa de gobierno, sería dar paso a la creación de la empresa nacional del litio, la que debiera encargarse de estudiar una nueva institucionalidad para la gobernanza de los salares, incorporando la participación de las comunidades involucradas y a las y los trabajadores del sector, asegurando, además, un proyecto de desarrollo de una minería medioambientalmente sustentable y respetuosa.

Simultáneamente, la empresa debiera desarrollar los estudios para la obtención de los permisos necesarios para tomar el control del salar que se encuentra en manos de SQM en 2031, lo que en esta primera etapa podría darse incluso con socios estratégicos minoritarios vía licitación (en el caso de que el Estado no tuviera los recursos necesarios para la inversión inicial). El siguiente paso sería preparar todo lo necesario para hacer lo mismo con el resto del salar en el año 2043, fecha en que caduca el contrato de arriendo vigente entre Corfo y la empresa Abermale.

A diferencia de lo que muchos piensan, una Empresa Nacional del Litio, en un principio, ni siquiera requiere pasar por un proceso legislativo, ya que puede crearse mediante un simple proceso administrativo como filial, ya sea de Codelco o Enami. Esta filial debiera encargarse de preparar el proyecto de ley definitivo para crear la empresa nacional, la que luego de creada debiera absorber a la filial antes mencionada.

Este proceso debiera ser acompañado de la creación de un Instituto del Litio en Chile, utilizando los recursos que los actuales contratos contemplan para la inversión en ciencia y tecnología y que generan recursos más que suficientes para levantar una institucionalidad que genere en el Estado de Chile las competencias técnicas que hoy solo existen en la empresa privada.

De la misma manera, debiera utilizarse parte de los recursos antes mencionados para promover en las universidades estatales el desarrollo de investigaciones aplicadas para el desarrollo de una potente industrial del litio que permita, por primera vez en décadas, volver a soñar con tener una minería para Chile y su pueblo.

Es tiempo de decisiones y, por lo mismo, es necesario asumir la responsabilidad de despojar a quienes se apropiaron en dictadura de las principales riquezas del país en beneficio propio y no de la ciudadanía. Ellos, quienes no dudaron en atentar contra la democracia y corromper al sistema político vigente, no pueden seguir acumulando riqueza a costa del futuro y dignidad del pueblo de Chile.