Históricamente abusados y ahora humillados
La decisión del Gobierno de acudir nuevamente al Tribunal Constitucional para bloquear el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales refuerza su compromiso con el sistema financiero y su financiamiento, más que con las y los ciudadanos a quienes le pide no salir de su casa en cuarentena, sin entregar las condiciones mínimas de sobrevivencia, en una pandemia que ya sobrepasa el año.
Parece estar cuidando los últimos estertores de una reforma estructural previsional impuesta en dictadura, que en vez de cumplir su promesa de buenas jubilaciones con altas tasas de reemplazo del sueldo de los trabajadores, financian a las grandes empresas y no a las personas.
¿Acaso no entendieron que el grito desesperado del pueblo en 2019 era contra un modelo económico desigual, abusivo y explotador que agudizó las diferencias estructurales durante la pandemia, haciendo más pobres a los pobres y aumentando la riqueza de los ricos, en el marco de la mayor crisis económica de Latinoamérica en 120 años según la Cepal?
La gestión de la crisis sanitaria ha desescuchado las razones del estallido social, profundizando el enfoque neoliberal en vez de corregirlo, incrementando aún más el descontento y ahora la humillación de la mayoría de las y los chilenos, que al postular al bono de clase media se encontraron con una simbólica cruz roja que los rechazaba y denostaba.
Los bonos son miserables, las cuentas debieron seguir pagándose (el Gobierno consideró inconstitucional congelar los pagos y sólo evitó el corte de los servicios básicos por morosidad), los bancos no ofrecieron ayudas reales sino sólo renegociar deudas sumándole intereses, los precios de la canasta básica de alimentos subieron y el desempleo alcanzó los dos dígitos, afectando principalmente a las mujeres, quienes debieron dejar de trabajar para preocuparse otros, desnudando la crisis de los cuidados.
Aunque insuficientes, fueron las transferencias monetarias directas las que permitieron frenar en algo el aumento de la pobreza que llegó al 10,9%, pero no lograron contener el impacto de la crisis económica en las familias, que al finalizar esta pesadilla que ha arrebatado más de 30 mil vidas (principalmente las de los más pobres, que tienen menos acceso a la salud, mayores enfermedades de base, confirmando las determinantes sociales en salud) saldrán más pobres y endeudados.
En ese sentido, la Renta Básica Universal que proponíamos al inicio de la pandemia habría permitido dar un piso de seguridad económica a las familias, evitando que tuvieran que salir a ganarse el pan diariamente y haciendo más efectivas las cuarentenas. Del mismo modo, una medida de transferencia como ésa, a lo menos por un periodo determinado hasta que la pandemia termine o se aminore, permitiría cuantificar el trabajo doméstico y de cuidado de niños y otros integrantes de la familia que han tenido que realizar históricamente las mujeres, dificultando su acceso al trabajo formal.
Las mayores fortunas del país lejos de perder, incrementaron sus utilidades siendo incapaces de jugar un rol de responsabilidad social con la sociedad en la que desarrollan su quehacer económico. El impuesto a los más ricos es resistido por las grandes fortunas, cuando debiera ser propuesto por ellos como una forma de contribuir a la estabilidad económica y a la paz social, que se ve amenazada por el drama de la pobreza y las necesidades básicas no satisfechas.
¿De qué sirven los miles de millones acumulados en el Fondo Económico y Social creado para enfrentar déficit fiscales, si frente a la crisis más grave del último siglo no funciona como un apoyo real para la sociedad? ¿Qué más tendría que pasar para echar mano a esos recursos? ¿Acaso la importante alza del precio del cobre se va a traducir en mejoras concretas en la vida de las personas que han caído en la pobreza como consecuencia de la triple crisis: sanitaria, económica y social por el malestar acumulado en treinta años? Eso no pasó en ciclos anteriores y probablemente no ocurrirá en éste, mientras el Estado no tenga un activo rol social y no sólo subsidiario.
Un bono clase media con requisitos imposibles y un bloqueo a una alternativa desesperada como el 10% de los dineros de los propios trabajadores, son un explosivo cóctel en tiempos de hambre y miseria, que acrecientan el clivaje elites-pueblo y además de maltratar humillan a las mayorías ya desesperadas por la injusticia y la desigualdad.
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