Las AFP, hora de actuar
Las AFP y personeros vinculados a este negocio en reiteradas declaraciones hacen dos afirmaciones de extraordinaria importancia. La primera, es que el sistema previsional no se hace cargo de las circunstancias concretas del mercado del trabajo y, en consecuencia, la informalidad, el desempleo y las lagunas legales, no son fallas del sistema.
En segundo lugar afirman, que si se elimina a las personas que tienen cuentas con saldo 0 y de las que no van a cumplir diez años de cotizaciones a la fecha de jubilarse, habría que reconsiderar la cifra de personas que se estiman llegarán a la pensión mínima. Serían sólo un 20% del universo, en vez de más del 50%.
En realidad, el ejercicio de adecuación referido no atenúa la circunstancia de que el sistema previsional llevó a más del 50% de la población del país a pensiones gravemente insuficientes. Eso es un evidente fracaso, que no se condice con lo que se señaló hace 35 años. El costo de ello recayó en el Fisco y vía impuestos, terminó siendo un sistema plagado de pensiones solidarias.
La explicación de que el sistema previsional como modelo econométrico es perfecto, pero sus resultados resultan malos por la realidad a que se aplica, no atenúa el juicio. Precisamente la importancia de la eficiente actividad política, radica en que los diseños de políticas públicas, deben hacerse a partir de un adecuado diagnóstico del país en que se aplicarán.
En un debate epistolar con un ex Superintendente de AFP del gobierno de Pinochet en septiembre y octubre de 1998, expresé:
Que el sistema “resultaría realmente viable como método de ahorro privado para los sectores de mayores ingresos” y agregaba que “la hora de la verdad del sistema privado de pensiones está muy cerca y se requerirá mucha paciencia, fe y sobre todo creatividad para evitar que colapse” (6 de septiembre de 1998).
Días más tarde señalaba que “mirando el futuro conviene tener presente que a las tasas de ahorro actuales y proyectando ello en algunos años, la situación va a ser difícil para el sistema, y muchos ahorrantes de hoy terminarán pensionados por el Estado en un orden del 50”. Fui duramente criticado y tratado de agorero.
Los expertos que analizaron el problema, tienen una razonable preocupación por los aspectos financieros, la edad de la jubilación y los crecientes montos que el Estado deberá desembolsar. Lo que está quedando en evidencia es que el sistema se estatiza inexorablemente.
En esta hora en que por primera vez se observa voluntad política para enfrentar algunas correcciones preciso es revisar si se justifica que las AFP tengan derecho a voto en las empresas en que invierten, materia que ya se discutió hace unos doce años atrás, por cuanto la administración de dineros de interés público no debiera otorgar políticos que implican una cohabitación de intereses entre los dineros de los propietarios de las empresas y el de los fondos provisionales.
Es preferible un mecanismo de control más adecuado, que la participación inocua de personas elegidas por las AFP en los directorios. Ha habido excepciones, pero ello no hace verano.
Atendido que un gran peso económico recaerá sobre el Fisco por toda la vida del sistema, ya que es muy difícil que cambie en el corto y mediano plazo la estructura del trabajo en Chile, y por la poca competencia, es necesario crear una AFP a partir del INP para las personas de bajos e intermitentes ingresos, con comisiones extremadamente bajas o inexistentes, solución que me parece mejor que autorizar a todos los bancos, incluyendo al Banco del Estado y Compañías de Seguros, a participar de un negocio, que no debieran merecer ese calificativo, sino un servicio de seguridad social.
Una modificación substancial del sistema debe considerar los aspectos vinculados al poder económico que otorgan los fondos provisionales, en particular en una economía altamente concentrada, en que no existe forma autor egulatoria para enfrentar los conflictos de interés.
En la práctica el sesgo ideológico de quienes son elegidos para directores de AFP, y en las empresas en que tienen poder accionario, ha primado sobre prohibiciones legales por vías de hecho.
Los propietarios, trabajadores de los fondos, han permanecido del todo ajenos a cualquier atisbo de control y eso no me parece razonable. Por ello, con razón cuesta explicar que los fondos son de sus dueños, porque parecen más impuestos administrados por privados para fines específicos.
Reconocido el hecho y su problemática no resulta prudente demorar mucho el aumento de la cotización previsional, desde ya, sin tanta ingeniería social.
La elaboración de alternativas y las discusiones sobre modelos completamente distintos al actual, aunque sean justos y razonables, solo dilatan la solución para los más pobres. Una gradualidad resultará más eficiente.
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