Los trabajadores frente a la crisis del sistema de AFP

En Chile se ha pretendido ocultar la evidencia de una mirada externa que hizo el International Center for Pension Management (ICPM). Señalan categóricamente que “la crisis de las pensiones en Chile no puede ser resuelta dentro de los límites de su actual Sistema”.

Consideran que el sistema tiene una buena gobernanza y está bien administrado con una supervisión independiente fuerte. Teóricamente puede proveer pensiones contributivas adecuadas para aquellos que cotizan regularmente al sistema, pero la realidad muestra que la tasa de reemplazo media es de 35%.

El pilar solidario protege a aquellos sin - o con poco - ahorro, y cuyos grupos familiares califican como pobres. Las AFP han logrado retornos satisfactorios haciendo que los propietarios de las cuentas individuales se beneficien de la capitalización a costos razonables.

Aseguran que “cualquiera reforma que se limite a mejorar estos aspectos, podrá fortalecer al sistema de pensiones chileno y a muy largo plazo resultar en una mejor cobertura, en particular, si las medidas para mejorar la densidad de cotizaciones se implementan,” mi traducción.

Sin embargo, enfatizan que ahí no está el problema. La verdadera crisis del sistema es que no se ocupa de los intereses de los trabajadores.

En primer lugar, quienes han tenido la oportunidad de cotizar regularmente al sistema han sido engañados debido al rezago en los parámetros del pilar de ahorro individual y las promesas de altas tasas de reemplazo (70 %). Las expectativas futuras de las tasas de retorno para inversiones a largo plazo hacen que el 10 % de aporte no sea suficiente y deberá aumentarse.

Las mayores expectativas de vida de la población chilena hacen necesario aumentar las edades de retiro. Dos medidas impopulares y sin duda necesarias como las son en todo el mundo.

Las regulaciones que definen los perfiles de inversión son muy conservadores, y determinan la influencia que, consejeros independientes, hacen para promover el traslado entre fondos, afectando la liquidez y rentabilidad de los activos en desmedro del trabajador.

En todo caso, tales medidas no harán mucho para los trabajadores que se haya en la mitad de sus carreras y que han ahorrado poco. La capitalización individual tomara una o dos generaciones para que las medidas de ese tipo den sus frutos. Hasta entonces, el Sistema entregara resultados muy por debajo de las expectativas.

En segundo lugar, el sistema ha ignorado persistentemente a muchos trabajadores que se ocupan con bajos ingresos, en trabajos informales, a contrata, o en emprendimientos.

También a quienes trabajan en la economía del cuidado, haciendo labores demandantes pero no remuneradas. Existe a lo menos una generación completa de trabajadores que se encuentra en la mitad de sus carreras que no ha ahorrado suficiente y no está en condiciones de hacerlo para compensar por ello antes de retirarse. Ante la necesidad y los incentivos que el actual sistema les invoca para que valoren y coticen al sistema, estos trabajadores enfrentan limitaciones que les impiden hacerlo.

Ninguna entidad se ha encargado de comprender esto, excepto aquellas que los califican de evasores y elusores, y fortalecen la fiscalización o educación previsional para que lo hagan.

En tercer lugar, los trabajadores no se sienten representados en el sistema. Hay una inconsistencia entre la ideología neoliberal impuesta en dictadura donde el Estado provee de una cobertura básica de bienes públicos, pero deja los seguros en manos del sector privado empresarial y de la selección individual (las AFP e ISAPRES).

Se ha fortalecido una legislación enfocada en administrar la competencia de una industria, regulando los requisitos de entrada, la composición de las inversiones, los requisitos de liquidez y la estructura de costos, entre otras.

Todo ello en desmedro de la Seguridad Social, que demanda de una institución independiente que actúe en el mayor interés de los afiliados. A juicio de los expertos el sistema de cuentas individuales carece de legitimidad, ya que las instituciones previsionales deben estar directamente vinculadas a los intereses de los trabajadores.

Los fondos de pensiones son a menudo de propiedad o están asociados a organizaciones laborales y de empleadores, y tienen una fuerte u obligatoria representación de los afiliados en la provisión de las pensiones. La ausencia de legitimidad del sistema entre la ciudadanía es un desafío para la reforma.

Las nuevas medidas serán difíciles de aceptar por la ciudadanía, y no serán aceptadas con la actual desconfianza y rechazo a sistema. La creación de una institución independiente capaz de actuar en representación de los afiliados es esencial para el éxito de toda reforma.

En cuarto lugar, los trabajadores carecen de un pilar que compense a los grupos que no han podido ahorrar lo suficiente para lograr pensiones dignas. Se hace necesario incorporar un nuevo elemento que permita satisfacer necesidades presentes con ingresos futuros. Esto lo hacen los planes de pensiones en Canadá, Holanda y Suecia basados en contratos de pensiones colectivos y no individuales. Esto ya se propuso en la reforma de la Presidenta Bachelet II.

En definitiva, expertos internacionales en administración de fondos de pensiones nos ofrecen una tremenda lección de política en el ámbito previsional.

Llaman a reconocer los intereses de los trabajadores por sobre los de la industria, y generar una enriquecedora agenda de reforma del sistema heredado de la dictadura.

Una agenda de reforma por cierto desafiante y complicada, pero que enfrenta y da cuenta de la realidad chilena y no la ignora.

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