Relaciones comunitarias, ¿problema sin solución?

El Directorio de Agrosuper anunció esta semana que ha tomado la decisión de abandonar definitivamente el proyecto de Freirina, generando una pérdida financiera para la empresa de más de US$300 millones y eliminando una fuente laboral importante para la región.

Este ejemplo, uno más, nos indica que nuestro país no ha logrado abordar con éxito la problemática que se produce en la relación que debe existir entre las comunidades y las empresas, frente a un proyecto de inversión.

Múltiples ejemplos han llenado las páginas de la prensa en los últimos meses informado de paralizaciones de proyectos producto de la imposibilidad de generar un acuerdo comunitario de largo plazo, que por una parte permita realizar las inversiones de manera sustentable y por otro que las comunidades aledañas a los proyectos tengan la certeza de que su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y adecuada calidad de vida será garantizado.

Sin lugar a dudas que el principal elemento que impide este acuerdo es la falta de credibilidad y confianza existente entre las partes, la cual muchas veces tiene fundamento producto de promesas no cumplidas o impactos no previstos en los estudios medioambientales, que finalmente deben ser absorbidos por la comunidad.

La teoría de negociaciones nos indica que, se alcanza un acuerdo cuando las partes involucradas en el conflicto construyen una solución de equilibrio, respecto de la cual a ninguna de ellas le conviene apartarse o modificar, ya que en cualquier posición negociadora distinta a la de equilibrio se encontraran en una situación de menor beneficio que la alcanzada en el acuerdo.

Esta solución de equilibrio que parece tan sencilla de alcanzar no se está logrando en nuestro país, con el consecuente resultado negativo, no sólo para las empresas sino también para las comunidades y por supuesto para el desarrollo.

La razón de ello se funda básicamente en los siguientes aspectos. Las empresas en general no tienen una cultura que les llame a considerar como fundamental el impacto socioambiental que generaran sus proyectos, lo cual asumen como una obligación legal propia del estudio de impacto ambiental más que como una responsabilidad social empresarial.

Por otra parte las comunidades actúan instintivamente con un alto grado de desconfianza frente a los esfuerzos que pudieran hacer las empresas para construir estos acuerdos, producto de las malas experiencias anteriores.

Por último, la institucionalidad vigente carece absolutamente de un procedimiento efectivo y que de garantía a las partes, a través del cual la comunidad y la empresa puedan generar relaciones de confianza y construir acuerdos comunitarios.

El proceso de participación ciudadana que considera el Estudio de Impacto Ambiental no permite que la comunidad se exprese con algún grado de efectividad sobre los proyectos de inversión al no tener ella capacidad técnica alguna para abordar un desafío de esa envergadura.

Se supone que la capacidad técnica para la evaluación, también en los aspectos socioambientales , la incorporan los servicios públicos especializados, los cuales muchas veces se encuentra colapsados o incapacitados técnicamente para responder a proyectos de alta complejidad.

En resumen, no hay sistema efectivo, no hay confianzas, no hay acuerdos, no hay proyectos, no hay empleo, no hay desarrollo.

La relación socioambiental sustentable ha pasado de ser, en una década, un aspecto no considerado como relevante en las inversiones a representar hoy una falla fatal para los proyectos.

Frente a este panorama de incertidumbre lo que corresponde es que el estado enfrente el problema con decisión, lo estudie técnicamente y legisle sobre el, dando garantías a todos los actores de modo que el tema comunitario no se transforme en un freno al desarrollo de nuestro país.