Solidaridad más allá de la PGU

Tomás Leighton Bunster

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Siete años después que José Piñera se refiriera al sistema de pensiones como un Mercedes Benz, la derecha chilena sigue obcecada en defender el modelo de las AFP y satanizar la solidaridad, sembrando el terror de que el Estado se robará tus ahorros previsionales. Pero los trabajadores y trabajadoras no necesitan soñar ninguna pesadilla: las pensiones siguen siendo bajas y, de acuerdo a la última encuesta CEP, reformarlas es la tercera prioridad de las personas, solo después de seguridad y salud. A nivel comparado, 25 puntos porcentuales separan al sistema previsional chileno del promedio de sus pares OCDE en cuanto a la tasa de reemplazo.

De acuerdo al Informe de Impacto Regulatorio del Ministerio de Hacienda de noviembre de 2022, en el periodo 2007-2021 la pensión mediana autofinanciada para los hombres fue de $137.310 y de $30.685 en el caso de las mujeres, reflejando una brecha de género que asciende a 77 puntos porcentuales. Considerando que 52,2% de las mujeres pensionadas ya agotaron sus fondos, nos lleva a cifras cercanas a los 1,9 millones de personas beneficiarias con la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, las pensiones son bajas no sólo para pensionados con escasas o ninguna cotización, también lo son para la gran mayoría de los pensionados.

Así, afiliados con cotizaciones entre 30 a 35 años reportan un monto mediano de pensión equivalente a $329.248, muy por debajo al gasto mensual promedio per cápita de los hogares en Chile, el cual asciende a $545.808, según lo informado por la última encuesta de presupuestos familiares del INE, con su debida corrección temporal inflacionaria. Tan sólo 60% de este gasto efectivo logra ser cubierto. En ese contexto, creer que el problema se resuelve sólo a partir de intervenciones menores al sistema es no reconocer las fallas estructurales del mercado laboral chileno, ni la urgencia de una reforma que entregue pensiones dignas.

La Asociación de AFP dice que el sistema ya es "mixto" dada la existencia del Pilar Solidario. Para ellos, la solución pasaría por eliminar lagunas, aumentar la cotización, reforzar la PGU y perfeccionar el régimen de inversiones. Todo esto es necesario para mejorar las pensiones, sin embargo, no es suficiente. La reforma previsional debe hacer modificaciones al sistema y a la rigidez con la que se entiende el ahorro a cuentas individuales solamente en manos del sector privado. A lo largo de los años, el sistema de AFP ha sido deficiente en su labor de entregar pensiones y es necesario un sistema que entregue mayor seguridad de ingresos en la vejez y tenga mecanismos para enfrentar vulnerabilidades en la etapa laboral.

Justamente lo que propone la reforma del gobierno es incluir algún grado de solidaridad en el pilar contributivo. Esto es deseable en cuanto nos permite diversificar las fuentes de financiamiento de la solidaridad, compartir riesgos entre los cotizantes y entregar mayor seguridad a los sectores medios, que reciben pensiones muy por debajo de sus ingresos. Según la Superintendencia de Pensiones (2022), para un hombre con una densidad de cotización de 50% que se jubila en 25 años más, cuyo sueldo es de $770.000, se estima tendrá una pensión de $330.000 si la cotización adicional de 6% se destina a un seguro social, en cambio, si se hace a una cuenta individual la pensión sería de $317.000. Este mismo caso, pero para una mujer, sería de $330.000 con el seguro social y $279.000 con cuenta individual.

Mientras el seguro social puede mejorar las pensiones hoy, si se lleva todo a capitalización individual esto solo beneficiaría a aquellos futuros pensionados que tengan un horizonte laboral lo suficientemente extenso que les permita rentabilizar la cotización adicional; en contraste, los que estén prontos a jubilarse no tendrían mayores beneficios. Por ejemplo, para un hombre que se jubila en 5 años más con una densidad de cotización de 50% y un sueldo de $770.000, la pensión sería 37% mayor si la cotización de 6% se destina a un seguro social, en comparación con hacerlo en una cuenta individual (para un sueldo de $1.100.000 esta cifra es de 26%). Para las mujeres el beneficio es aún mayor: manteniendo las mismas condiciones, la pensión sería 59% mayor con el seguro social (45% para un sueldo de $1.100.000).

Hoy, la solidaridad no contributiva (PGU) financiada por todos y todas a través de impuestos nos permite entregar un piso mínimo para los sectores más desfavorecidos (y si el financiamiento lo permite, superar la línea de la pobreza). Pero si se quiere ampliar la base para ayudar a la clase media, y al mismo tiempo, prescindir del 6% de cotización adicional en un seguro colectivo, sería necesario aumentar los impuestos. De ahí que la posición del Partido Republicano sea inconsistente al proponer que el 6% adicional vaya a cotización individual, y al mismo tiempo, negarse a un alza impositiva en la discusión del nuevo pacto fiscal.

Con todo, no basta con las modificaciones superficiales al sistema y se necesita considerar las deficiencias estructurales del mercado laboral, como, por ejemplo, la exclusión de mujeres de un sistema de cotización al realizar labores no remuneradas y/o de cuidados. Solo el ahorro colectivo basado en la solidaridad permitirá mitigar las brechas de género y de gasto-ingreso.