Superando el litio-gate

El “litio-gate”, nos demuestra que este Gobierno debe hacer las cosas mejor. No de espaldas al Congreso, sin un marco jurídico consensuado y que de garantías a los potenciales inversionistas, haciendo oídos sordos a los cuestionamientos éticos y/o estéticos que surgieron durante la fallida licitación recién anulada. Ahora, llegó el momento de proponer y enmendar rumbos.

En primer lugar, consensuemos que el litio debe ser explotado. En forma sustentable y eficiente, pero extraído al fin y al cabo, para superar la situación actual, en la que nos encontramos “sentados” sobre valiosos depósitos, sin explotarlos, tanto como los bolivianos siguen sin explotar sus enormes reservas de gas natural.

En segundo lugar, debemos tener un marco legal claro y que cuente con el respaldo de amplios sectores políticos y sociales.

Licitaciones que no cuenten con amplias garantías generan un margen de riesgo que hace que al final tengamos pocos interesados en participar en esta industria, y de los pocos que llegan, son empresas que tienen un historial de litigios, conflictos e incluso, malas prácticas empresariales.

Para evitar esto, quisiera proponer la creación de una empresa estatal, que podríamos llamar “Empresa Nacional del Litio”, que se encargue de explotar el litio, de manera eficiente y sustentable, como primer objetivo, y que explore las posibilidades reales de dar valor agregado a este recurso natural, en un mediano plazo.

Pero una empresa pública como se debe entender una empresa del siglo XXI: creada por ley, constituida como una sociedad anónima, supervigilada por la SVS y sometida a las normas del derecho común, que no dependa de ningún ministerio sectorial, sino que se relacione con el estado, a través del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y que cuente con un directorio pluralista, con nombres calificados propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Esta empresa debiera explotar el litio, ya sea directamente, o a través de asociaciones con empresas especializadas, producto de licitaciones profesionales, competitivas y transparentes, sin conflictos de interés, parentesco, ni errores infantiles como los cometidos por el ministerio de Minería.

Una empresa pública con un directorio pluralista debe dar garantías a todos los sectores, tal como lo hace Codelco o TVN. Al ser una sociedad anónima, con un staff técnico y profesional debe darle garantías también a quienes temen la creación de un monstruo burocrático.

El SEP supervigila toda la industria portuaria, a través de empresas públicas, las cuales, a su vez, celebran contratos con privados especialistas.

Algo similar ocurre en las sanitarias no privatizadas. Es el momento que recojamos las buenas experiencias de nuestro Estado Empresario, que debe cumplir con los principios de la OECD que se aplican a las empresas públicas propias del mundo desarrollado.

Por último, cabe recordar que la creación de una empresa estatal debe ser aprobada por Ley de Quórum Calificado de acuerdo a la Constitución.

Esto permite discutir el tema en el Congreso, pero a través de una ley simple, que autoriza la creación de una empresa, fija ciertas reglas básicas, y se evita, por tanto, estar discutiendo en ambas cámaras un complejo tramado normativo.Esto debiera permitir una discusión de fondo, y no procesal en el Congreso, lo que podría ser ágil y efectivo.

La forma de explotación del litio entonces, será abordada por un órgano dedicado a eso, una empresa, y no un ministerio, que ya hemos visto no es el lugar más apropiado para dirigir la explotación de un recurso natural, menos uno definido como estratégico.

Hace años que no se crea una empresa estatal en Chile. Sabemos que el Estado debe concentrarse en regular y distribuir, dejando al privado, que es más eficiente, la labor de producción. Pero si el Estado debe intervenir, como en este caso por el carácter estratégico del mineral y por disposiciones constitucionales, es preferible que intervenga a través de una empresa, especializada y técnica, en vez de un ministerio, que carece, como hemos visto, de las competencias técnicas necesarias.

El Estado de Chile, por lo demás, tiene buenas empresas públicas (TVN, Metro, Banco Estado, Codelco, por nombrar algunas) que son capaces de cumplir los roles que les hemos asignado de manera competente, eficiente y crecientemente sustentable.

Tal vez llegó el momento de crear la primera empresa pública de este siglo.