Una nueva institucionalidad para las sanitarias

Felipe Ulloa

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Los problemas de las empresas sanitarias en Chile no son recientes. Sin ir más lejos, en 2013 hubo un episodio de contaminación de aguas y posterior intoxicación de más de 3 mil habitantes en Ovalle y por estos días la comuna de Osorno se vio gravemente afectada por el prolongado corte del suministro de agua potable luego que un operador de Essal (Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos) dejara abierta la llave de paso de petróleo de una de sus plantas contaminando el vital recurso.

Casos como estos que atentan contra la vida de las personas, la salud pública y la higiene ambiental, hacen pensar en la posibilidad de cambiar la institucionalidad vigente con el objeto de asegurar los estándares de calidad de los servicios.

Según el académico, médico cirujano y especialista en Salud Pública, Sergio Sánchez, “la falta de agua potable puede aumentar el contagio de enfermedades infecciosas digestivas como el tifus, la hepatitis A y E, síndromes diarreicos disentéricos como el cólera y en general enfermedades asociadas a la falta de higiene pública, la cual debe ser resguardada como un bien público de la misma naturaleza que la salud pública y su responsable debe ser el Estado”.

En función de las dos ideas antes señaladas, es decir, los problemas recurrentes de bajos estándares de calidad de los servicios prestados por las sanitarias y los criterios médicos que afectarían a la población cuando carece de agua potable, surge la necesidad de poner sobre relieve si la normativa vigente que mandata a esta industria en Chile es o no competente para lo que fue diseñada. Al parecer, por los antecedentes conocidos, creo que la ley debería, al menos, revisarse.

Es tal la gravedad de lo sucedido que el ministerio de Salud extendió hasta agosto la alerta sanitaria en Osorno. Y no es menor, considerando que 50.000 hogares y 200 mil personas se vieron afectadas. Me pregunto entonces si la Superintendencia está exigiendo a empresas como Essal diseñar protocolos de operación de las plantas generadoras de agua potable. Si es así ¿con qué regularidad son fiscalizadas?

Por otro lado, la actual institucionalidad permite el cambio de superintendentes con cierta afinidad política a los gobiernos en curso. Esto también debería revisarse, en función de mantener dentro del ente regulador a profesionales de carrera para hacer cumplir la finalidad de la fiscalización del rubro, además de exigir a las sanitarias el cumplimiento de los acuerdos de inversión necesarios para mantener los estándares de calidad que garanticen no atentar contra la integridad de las personas ni contra el medio ambiente.

Por su parte, el rol fiscalizador del Estado que a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) regula un sector que, como hemos sido testigos, impacta en la vida de las personas, no puede verse menguado, disminuido, ni menos morigerado por criterios políticos o relaciones de cercanías entre actores regulados y el ente regulador.

Justamente, el nivel de “desarrollo de los países” se observa en los ámbitos de asegurar altos patrones de excelencia en los servicios básicos. Los monopolios naturales, es decir, las industrias que se comportan como mercados imperfectos a los cuales se les aseguran ingresos, deben mantener una relación con la ciudadanía y la autoridad de “transparencia total”, cumpliendo con sus planes de inversiones, respondiendo con sus planes de responsabilidad social empresarial, dando cuenta a las comunidades del manejo de sus operaciones y trasparentando todos los costos asociados como ocurre en los demás países del mundo.