Consideraciones sobre el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar

Sebastián Escobar González

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Durante la última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric hizo variados anuncios sobre educación. Dentro de ellos, se destaca el ingreso de un proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las escuelas y liceos del país, el que tiene como objetivo entregar herramientas a las comunidades educacionales para que construyan ambientes fructíferos de enseñanza.

Dentro de la propuesta, y desde lo publicado por el Mineduc, destacan elementos importantes como la promoción del cuidado colectivo, el fortalecimiento de la perspectiva de cuidados y de las habilidades socioemocionales, y la construcción de una autoridad pedagógica basada en nuevos modelos con enfoque participativo.

En esta línea, el proyecto parece rescatar varios de los puntos críticos que se han venido desarrollando en los últimos años dentro de las comunidades educativas, sin embargo, también emergen algunas preguntas que dificultan la operacionalización de estas ideas: ¿Cómo re-educar a las y los docentes a nivel nacional sobre la forma en que construyen su autoridad pedagógica? ¿Cómo integrar y promover habilidades socioemocionales considerando el carácter rígido y disciplinar de nuestro currículum nacional? ¿Cómo integrar la perspectiva intergeneracional para un real enfoque participativo de los distintos actores dentro de las comunidades educativas si no hay experiencia al respecto?

Lo anterior no resulta azaroso si, además, se considera que el grueso de la formación inicial docente a nivel nacional no integra temáticas de género o de educación socioemocional en sus respectivos planes de estudio. En este sentido, volvemos a una encrucijada que no resulta nueva, respecto a cómo las políticas educativas -que se levantan con buenas intenciones- dialogan tanto con el corpus de profesores que ya se encuentra dentro del sistema educativo, así como también con aquellas nuevas generaciones que se forman mientras estas directrices se promulgan e implementan.

El problema de la violencia y convivencia escolar es innegable en estos tiempos, y afecta a todos los actores de las comunidades educativas: niños, niñas, jóvenes y adultos. Sin embargo, para hacerle frente hace falta no solo una ley, sino que un paso operativo mayor, donde exista formación y sensibilización en estos tópicos tanto para adultos del sistema educativo, así como también para estudiantes en todos los niveles, sin perder de vista a aquellas nuevas generaciones de profesores que están en formación. Con esto, la tarea por evitar los simulacros de participación y la construcción comunidades educativas más democráticas sigue abierta.