En el discurso del 21 de mayo reciente, refiriéndose a gratuidad, la Presidenta hizo mención a dos universidades que en su matrícula de estudiantes 2016 superan el 70% con dicho beneficio: la Universidad de Los Lagos y la Universidad Católica Silva Henríquez. Resulta interesante detenerse en el ejemplo que se coloca.
En primer lugar, habla de dos instituciones con orígenes distintos, uno estatal y el otro privado, pero donde ambos centros educativos poseen algo en común, el destacarse por su servicio al logro de una mayor equidad en la sociedad chilena. En otras palabras, no es una propiedad exclusiva de las instituciones del Estado aportar al bien público, como tampoco, lo privado es sinónimo de búsqueda de ganancias. Nadie le puede negar al Estado que cuide a las Universidades que son de su dependencia, pero tampoco nadie puede negar que una universidad privada, pueda hacer contribuciones significativas a un Chile más justo y ambas situaciones, deben ser cuidadas.
Un segundo aspecto en que vale detenerse, es en la responsabilidad que le corresponde desde luego a las propias universidades, pero también al Estado al abrir las puertas para un mayor acceso a la educación superior. En el mismo discurso la Mandataria hace referencia permanentemente al binomio acceso y calidad.
El tener más de un 70% de estudiantes con gratuidad, exige como sostiene la misma Presidenta, que “junto a la inclusión, debemos dar un sustento institucional para asegurar calidad”. Un Consejo para la Calidad de la Educación Superior desde luego puede ser un aporte, pero ello no será relevante, si no hay un apoyo real a las universidades que concentran cifras tan significativas de estudiantes con gratuidad, como sería el caso de la Universidad Católica Silva Henríquez, donde para ser más exacto, un 73,3% de los estudiantes están en gratuidad, lo que implica que 3 de cada 4 estudiantes provienen de uno de los 5 deciles socioeconómicos más bajos.
Hace ya un tiempo UNESCO indicó que equidad en Educación Superior no es cobertura, sino pertinencia. Entendiendo esto último como la exigencia de currículums y metodologías, acordes a los nuevos habitantes de la casa, no para bajar exigencias, sino para desarrollar al máximo sus potencialidades.
No es cosa de solo abrir la puerta para que ingresen a la casa aquellos que no lo habían podido hacer. La responsabilidad no termina ahí, empieza, y ella es una responsabilidad de todos. Es esto lo que el Estado chileno reafirmó con la creación de la subvención preferencial, quienes atienden a los sectores más pobres deben ser apoyados con mayores recursos, para asegurar no sólo acceso sino también calidad.
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