Como ya es sabido, en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2019 de la Dipres y que se discute en el Congreso, los planteles miembros del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), no obtendrán crecimiento en sus recursos, alcanzando – irrisorio - 0,3% de “alza” en dineros que fueron removidos de los ya obtenidos el año pasado gracias a las leyes 20.996 y 21.094 que establecían recursos adicionales para el incentivo al retiro y un plan de fortalecimiento de las universidades estatales.
Normas jurídicas que fueron olvidadas por el Estado y que incluso, desde el norte, literal, las vemos cada vez más lejanas.
En ese contexto, hace unos días algunas de las universidades del Estado participamos de una sesión en la Comisión de Zonas Extremas del Senado para exponer nuestros problemas, que tanto las del norte como las del sur padecemos de forma similar: las condiciones sociodemográficas, la baja capacidad de atracción y retención en regiones de capital humano avanzado, de estructura e insumos especializados.
Para los legisladores presentes fue de sentido común todo lo expuesto, acogieron nuestra necesidad urgente de un trato diferenciador para las instituciones que educamos - con un sentido rol social - en condiciones desventajosas por no decir extremas. Ahora necesitamos acción.
Lo más complejo de la contingencia nacional es cómo y qué explicar a los cientos de estudiantes que esperan tener un proyecto educativo con formación técnica, pregrado y pos grado.
Mismos, que una vez adquirida sus competencias, serán quienes ayudarán a mejorar las condiciones regionales y sociales de Chile en sus diferentes dimensiones.
Es absurdo pensar que disminuir, o detener, recursos en la educación estatal de un país es un consumo y no una inversión a largo plazo. El saber es y será siempre un bien valioso que el Estado chileno debe saber cuidar y respetar. Más aún cuando el propio Congreso legisló en favor de aquello.
Peor es el escenario cuando sabemos que por un lado, el Fondo de Fortalecimiento ($5.45 mil millones) se realiza a costa de la rebaja en otras necesidades educacionales y en segundo lugar, que el sector de planteles privados es el que obtiene un mayor beneficio.
Lo mismo ocurre con las becas Nuevo Milenio y Bicentenario. Teniendo un impacto no sólo en el equilibrio de los recursos en cada universidad, sino que en la estabilidad y armonía interna tanto de los estudiantes como de los docentes.
No por nada la Universidad Arturo Prat, según el Informe Regional Índices Tendencias de la región de Tarapacá, se posiciona en 2017 como el establecimiento, entre 11, con la mayor (37, 3) participación regional en relación con el número de matrículas. Y eso, es precisamente lo que pretendemos mantener pero de forma conjunta con las autoridades que se deben a la comunidad.
La invitación, es detenerse y mirar hacia las salas de clases y no desde ellas.
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