Simulación de identidad

La turbulencia debida a los proyectos de reforma de la educación superior, con varios de los actores atrincherados para defender sus posiciones, ha llevado a comportamientos discutibles por su laxitud respecto de lo público y lo privado.

En la base de la discusión (léase en el subterráneo de los intereses instalados), lo que está primando es el uso distorsionado del término público. Un ejemplo de ello es la afanosa difusión de la frase “público no-estatal”.

¿Por qué algunas instituciones buscan autodefinirse por una negación? ¿De dónde nace la motivación por seguir ese camino de simulación de identidad?

Hay al menos dos razones, que obedecen al proceso de reformas y a los posibles cambios en el financiamiento. Una, el miedo de aquellas instituciones a ser confundidas y a participar en una misma mesa con las universidades privadas creadas después de 1981. Dos, el miedo a la posible desprotección del Estado derivado del fortalecimiento de las universidades públicas.

En ambas situaciones se trata de la búsqueda de la preservación de un status dado históricamente y que se siente amenazado, aunque en el proyecto de ley nada hay en esa dirección y el gobierno, reiterada y explícitamente, les ha asegurado tranquilidad.

Lo que impresiona es hasta lo que puede conducir el temor a perder posiciones. Desde la óptica de la transparencia a que nos obliga la ética y la ley, y que también exige la rigurosidad académica, el uso ambiguo de los conceptos público y privado tiene un fuerte componente abusivo y confunde a la comunidad. Busca tomar ventaja de la relación asimétrica - unos tienen más conocimientos que otros - entre el mundo universitario y los ciudadanos.

Si tuviesen razón los que sostienen que para definirse como públicos nada significa la naturaleza jurídica y lo que importa es la dedicación preferencial a la producción de bienes públicos, todos podríamos ser públicos por declaración unilateral. Las empresas privadas de servicios básicos como sanitarias, energía y combustibles, las clínicas privadas, los bancos privados y otros servicios estratégicos de amplia cobertura, serían públicos.

Y una institución privada de educación superior cuyas decisiones dependen de un directorio privado, cuyos trabajadores se rigen por el régimen laboral privado y cuyos mecanismos de control son privados, podría declararse “pública no-estatal”. Lo que ocurre es una evidente manipulación y truculencia conceptual. Una cosa es proveer un servicio público y otra es ser público de naturaleza y desempeño en el ámbito de lo público. 

El asunto de fondo es de otra altura. Para alcanzar el desarrollo necesitamos que todas las instituciones de educación superior, sin distinción de naturaleza jurídica, sean de alta calidad contextualizada a sus territorios y ámbitos.

Todas deben ser apoyadas según el marco y territorio en que actúan y todas deben rendir cuenta pública, evidenciar transparencia y gozar de autonomía para la formulación de su modelo educativo, el desarrollo de las disciplinas que cultivan y la definición de sus autoridades en los distintos estamentos.

Para tener un Chile más Chile para todos, las instituciones de educación superior deben aproximarse a la tarea honesta y orgullosamente desde su naturaleza jurídica, su historia y sus convicciones.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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