En nombre del Estado, el pueblo y la salud pública

Pedro Musalem

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La peste por Corona está revelando que nuestro sistema de salud es más frágil de lo que parecía. Que no tiene capacidad para una crisis de este porte. Si hasta ahora hay cierto nivel de respuesta médico-social, ha sido por la inercia cultural de políticas sanitarias de excelencia, diseñadas en la década de 1950, y que aún modelan la producción de salud. La dictadura desmontó sus bases institucionales, al introducir seguros privados, municipalizar la Atención Primaria y fragmentar la red asistencial, bajo lógicas preconizadas por el Banco Mundial: había que focalizar, no servía la universalidad. Había que achicar el Estado, transferir deberes y funciones, pero no la base financiera.

40 años después, y enfrentados a una crisis sin precedentes, un gobierno de especuladores bursátiles con pretensiones de estadistas, asesorados en salud por gerentes de clínicas privadas (en vez de políticos con experiencia en Salud Pública), comete errores que revelan desconocimiento, improvisación y soberbia.

Sin embargo, e igual que en Italia, Francia o España, nuestros sistemas de salud han sido erosionados por décadas de políticas neo-liberales. No solamente tenemos malos capitanes, es la estructura misma del buque la que está dañada. En otras palabras, no bastará ya con cambiar de gobierno, habrá que cambiar de régimen.  

SEREMIS y Servicios de Salud, están mostrando su incapacidad para ofrecer respuestas territoriales coordinadas y efectivas, cuestión que alcaldes y equipos municipales perciben y han hecho notar, ya que ven, en la última frontera del Estado, el contacto entre la acción de las instituciones y la realidad de la población.

¿Dónde está el problema? Sostengo que éste se refleja ya en el seno del propio ministerio de Salud, donde existen dos Subsecretarías, cuyos equipos no dialogan, ni miran la realidad en común.

Dicho diseño institucional forma parte de una serie de reformas sectoriales realizadas hace 15 años, reformas que no tocaron ni a las ISAPRES, ni a la Atención Primaria, dejándola perdida en los laberintos de la desigualdad municipal. Estas reformas, en cambio, convirtieron los hospitales en empresas autónomas, bajo el mote de la eficiencia, pero dejaron a los establecimientos reales sumidos en esa lógica de escasez y endeudamiento con que ya venían.

Por otra parte, el nuevo “régimen de garantías en salud” abrió las puertas a la compra de servicios y prestaciones a privados. Se montó el escenario para que los fondos públicos comenzaran a fluir como nunca hacia fuera del Estado, hacia un mercado de prestadores privados con fines de lucro. Bajo otra lógica, estos fondos habrían servido para aumentar y fortalecer las capacidades del sistema público. Ahora parece tarde, porque toda esa riqueza se desvaneció en el aire.

En octubre de 2019, justo antes del Estallido Social, había ya una movilización en marcha de los trabajadores de la salud pública, con denuncias de falta de medicamentos básicos e insumos como guantes de goma para realizar cirugías. Todo esto sobre un fondo de escándalo político, con listas de espera de miles de muertos, trucadas años atrás por los mismos cuadros de gerentes privados que ahora nos gobiernan.

En días recientes, Izquia Siches fue más allá de los límites gremiales, al sacar también la voz por los demás integrantes de los equipos de salud (profesionales y técnicos no médicos, los cuales no participan de la Mesa Social COVID). 

Llamó la atención sobre el grado de improvisación y precariedad en temas tan básicos y mal resueltos, como el del cuidado de los hijos e hijas de los trabajadores de salud, ¿quién los cuida mientras sus madres trabajan? A donde se mire, en cualquier nivel, aparece lo mismo, falta de previsión e inteligencia. El descuido resulta infinitesimal. 

Como el Estallido Social y la peste por Corona, la mala condición de nuestras instituciones de salud, vienen a empeorar la sensación de fragilidad en que vivimos, confirmando que necesitamos un nuevo régimen legal, otra clase de Estado. Quizá nos convenga un Estado Protector, Planificador y Productivo, que invierta y ponga los fondos en infraestructura pública, generando trabajo.

Un Estado para el siglo XXI cuya inteligencia esté orientada hacia el cuidado de la población, y cuyas instituciones estén diseñadas con arreglo a esos principios. Es la gran oportunidad que nos depara un posible horizonte popular constituyente, que tenemos que propiciar, que tenemos que construir.