Por estos días, nuestro Tribunal Constitucional examina una indicación sobre la receta médica, impugnada por parlamentarios de derecha, en relación a una reciente medida aprobada por ambas cámaras donde se establece que, en el marco del combate al narcotráfico, la receta médica podrá servir como autorización para el cultivo doméstico de cannabis sativa.
El argumento de la impugnación dice relación con un asunto de forma: una supuesta incoherencia entre la indicación (que no tendría relación con la "idea matriz", en jerga técnica) y el tipo de ley que se pretende perfeccionar. Dicho en simple, que hacer de la receta una autorización para el cultivo no guardaría relación con el combate al narcotráfico. En los párrafos que siguen, brevemente, se argumenta lo contrario.
La manera más simple de percibir el equívoco es revisar los datos sobre microtráfico: a) la cantidad de personas privadas de libertad, o lesionadas o muertas (búsquese sobre el incendio de la Cárcel de San Miguel, solo por mencionar un caso), b) las cantidades de dineros y otros recursos traducibles en dineros, c) las cantidades de trabajo policial y judicial consumidos por la figura del microtráfico.
Al poco buscar se podrá comprobar que se trata como mínimo de negligencia o despilfarro, que la energía del sistema está puesta donde no debe estarlo, y que se puede seguir persiguiendo para siempre al microtráfico sin por ello nunca resolver o poner que sea atajo al problema verdadero, que es el crimen organizado en las altas esferas, el de cuello y corbata, el lavado de dinero, el tráfico de cocaína de alta pureza en los puertos y las aduanas, el tráfico de armas asociado a la corrupción de las fuerzas policiales, la corrupción de jueces y fiscales, etc., y no, de ninguna manera, el microtráfico.
En la escala del multimillonario negocio del narco, el escalón del microtráfico corresponde a los pobres, a los que no manejan poder, a los que no pueden, aunque quieran, corromper más a que otros pobres.
Dentro de la categoría microtráfico, encontramos, además, a una multitud de cultivadores domésticos de cannabis sativa que han sido, de nuevo, en los últimos años, detenidos, procesados, heridos o muertos en razón de un cultivo o de un porte de materia vegetal cuyo destino nunca quedó bien demostrado; y que perfectamente podría haberse esclarecido como destinado al autoconsumo. Los profesionales que trabajan en el ámbito de la cannabis medicinal, han comprobado una y otra vez la criminalización de pacientes que cultivan en familia bajo supervisión médica, y son procesados por microtráfico. Mientras más abajo nos situamos en la escala social, peores son los malentendidos, y más escasas las posibilidades de acompañamiento médico.
No es posible discutir aquí la legitimidad de la cannabis médica, habiendo partidarios y detractores, debe bastarnos la constatación de que laboratorios y farmacias comercian legalmente hoy en Chile derivados de cannabis de todo tipo, contra receta magistral, etc. Luego, los precios de estos derivados resultan inalcanzables o poco sostenibles para ciertas categorías sociales de usuarios permanentes. De ahí que el autocultivo sea una salida coherente en esos casos.
Ahora bien, por otra parte, es preciso reconocer que cannabis puede ser una droga de abuso, y puede también generar efectos adversos (pulmonares, cardíacos, etc.), aún si es utilizada como medicamento (cosa que ocurre, por lo demás, con todos los medicamentos conocidos). Por lo mismo, desde un punto de vista de salud pública, sería conveniente que los así llamados "usuarios recreativos" (y no solo los "medicinales") estuvieran también bajo algún tipo de supervisión médica, tanto para disminuir y prevenir los daños potenciales que resultan del consumo, como para deslindar un posible cultivo doméstico de la planta de la sombra del microtráfico.
En la práctica, si un cultivador -que consume de modo recreativo o medicinal- presenta una receta médica al agente de la ley, y esta sirve como autorización para el cultivo, entonces el recurso (policial, judicial, etc.) queda liberado para dedicar su tiempo y energía a perseguir mejor los crímenes de narcotráfico que en realidad importan, porque dañan a la sociedad, corrompiendo sus instituciones.
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