Infancia y justicia: la deuda que empezamos a saldar

Rafael Ferrada

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En 2022 me tocó participar en la redacción de un proyecto de ley con una convicción clara: en Chile, el derecho de los niños a recibir su pensión de alimentos debía ser garantizado de forma real y efectiva. No más excusas, no más deudores ocultando ingresos, no más madres criando solas mientras el Estado miraba para el lado.

Esa iniciativa legislativa fue parte del impulso -junto al Ejecutivo- que dio origen a la Ley 21.484, conocida como la Ley Papito Corazón, una de las reformas más importantes en materia de justicia familiar de los últimos años.

¿En qué consiste exactamente esta ley?

La Ley Papito Corazón crea un procedimiento especial que permite cobrar judicialmente las deudas por pensiones de alimentos directamente desde las cuentas bancarias, instrumentos financieros o fondos previsionales (AFP) del deudor, siempre que haya incumplido el pago por tres meses seguidos o cinco meses discontinuos.

El procedimiento se divide en dos etapas:

1. Primero, se busca el dinero en cuentas bancarias, cuentas de ahorro, inversiones y otros activos financieros. Si se encuentra dinero, se ordena el pago inmediato al alimentario o a quien lo represente (generalmente la madre)
2. Si no hay fondos disponibles, se pasa a la segunda etapa: se permite retirar recursos desde la cuenta de capitalización individual (AFP) del deudor para cubrir la deuda, con un límite de hasta el 50% de lo acumulado

Esto es inédito. Hasta ahora, las pensiones de alimentos eran muchas veces una promesa vacía: los tribunales dictaban órdenes que no se cumplían porque el deudor simplemente se declaraba "sin ingresos formales", sin que el sistema tuviera herramientas reales para hacer efectivo el pago.

Gracias a esta ley -y al trabajo de muchas organizaciones de mujeres y parlamentarias comprometidas- eso cambió. Ya se han recuperado más de 2,5 billones de pesos para niños y niñas de todo Chile, lo que equivale a los recursos obtenidos en 72 teletones. Fondos que les pertenecían a los niños y niñas, pero que durante años quedaron retenidos por la negligencia o la voluntad de evadir de los deudores, de padres que han abandonado completamente a sus hijos.

Algunos han criticado esta ley por ser "dura". Pero ¿dura para quién? ¿Para quién ha decidido no cumplir con su deber como padre? Lo verdaderamente duro es criar sin apoyo, es postergar necesidades básicas, es ver cómo el sistema ignora a quienes más lo necesitan. Esta ley no es un castigo. Es justicia. Y también un mensaje: en Chile, la infancia es prioridad.

Debemos reafirmar el compromiso con una agenda de protección a la niñez, de corresponsabilidad parental y de justicia efectiva. Porque no puede haber seguridad si los niños y niñas siguen siendo invisibles. Y porque ninguna transformación real es posible si no comenzamos por lo más esencial: garantizar el derecho a crecer con dignidad.

La seguridad no es solo tranquilidad en las calles. La verdadera seguridad es asegurar que los niños tengan los recursos básicos para poder desarrollarse.