Vidas descartables
Luego de una semana de explicaciones ambiguas y contradictorias, el Presidente Kast reconoció que las 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de niñas, niños y adolescentes fueron un grave error. Señaló además que "el Estado les falló" a las víctimas y calificó la situación como un asunto "profundamente doloroso". Lo llamativo es que, en el mismo momento que hacía el gesto de admitir el error, ratificaba al ministro de Justicia.
Simultáneamente, nos hemos enterado por distintos medios de que varios de los beneficiados se encuentran en libertad, sin que las víctimas hayan sido informadas de la medida. Estos hechos no solo han dejado en evidencia graves errores administrativos y políticos; también son la expresión del frágil compromiso del gobierno con los derechos de la infancia.
Recordemos que a fines del mes de agosto el Gobierno presentó el plan Chile Cuida a los Niños, una hoja de ruta para el periodo 2026-2030, que declaraba el compromiso de anticiparse a las vulneraciones y de que las instituciones garantes de derechos actuaran articuladas para proteger oportunamente a la infancia. Lo que ha venido ocurriendo no es consistente con ese compromiso. Las decisiones se adoptaron sin considerar lo que significaba para las víctimas que sus agresores quedaran en libertad, con el riesgo de volver a los mismos entornos e incluso a las mismas familias. Efectivamente, el Presidente nos ha recordado que su gobierno prometió poner a las víctimas en primer lugar, pero para que esa promesa se sostenga no puede quedar reducida al discurso de la compasión.
La compasión como discurso político no es algo nuevo en el campo de la infancia. Tras la crisis del Sename, las máximas autoridades de la época pidieron perdón al país por una deuda histórica con la niñez, en una escena moral donde la responsabilidad quedó inscrita en una temporalidad difusa. Hoy, algo de esa escena retorna. En "el Estado les falló", una vez más el sujeto de la falta es una entidad impersonal y la responsabilidad se reconoce sin que nadie la encarne.
El antropólogo y sociólogo francés Didier Fassin ha llamado razón humanitaria al despliegue de los sentimientos morales en la política contemporánea y ha mostrado cómo, bajo esa lógica, la demanda de justicia se transforma en un llamado a la compasión de parte de la autoridad. Bajo ese prisma, resulta insuficiente seguir sosteniendo que a la decisión le faltó criterio humano o político. No estamos ante un problema de sensibilidad ni ante un error estratégico, como si se tratara de anticipar el costo de una decisión impopular. Subordinar la vida de niñas y niños a un asunto de cálculos políticos también es una posición que revela el valor que tiene la infancia para nuestras autoridades y legisladores.
La pregunta ausente en este debate es la del rol del Estado en la reparación de las víctimas que han sufrido violencia sexual en la infancia. Una sanción opera sobre un agresor, pero no es suficiente para reparar lo que esa violencia hizo con la vida de un niño, con sus vínculos y con el tiempo que necesita para poner en palabras y elaborar una experiencia profundamente traumática. La reparación es ante todo un deber del Estado que no puede ser sustituido por una disculpa pública.
El manejo del Gobierno ha mostrado que en nuestra sociedad siguen existiendo vidas descartables, vidas que no son reconocidas ni consideradas en las decisiones que las afectan. Lejos de ser una situación excepcional o aislada, se trata más bien de un funcionamiento inscrito en la política de protección. La dimensión administrativa ha dejado de ser un soporte para las intervenciones y ha terminado convirtiéndose en su forma misma. Los niños y niñas existen primero para el sistema como registros e informes, antes que como sujetos con una historia y una palabra. Esta es la lógica que subyace a los decretos.
Proteger a la infancia supone sostener una relación de cuidado con la vida de otro que, por su posición en la estructura social, depende de que los adultos y las instituciones respondan por ella. Se trata de una relación que exige coherencia entre lo que se declara y lo que se hace. Cuando la máxima autoridad del país declara que el Estado les falló sin que esa frase transforme sus decisiones, lo que queda en entredicho no son los procedimientos ni los cálculos políticos, sino el lugar que la vida de las niñas y niños ocupa en su idea de justicia y de lo común.