Nicolás Maduro es un tirano golpista
Para ser bien claros con respecto a lo que ocurre en Venezuela, en términos estrictos el golpismo gobierna ese país desde que el militar Hugo Chávez llevó a cabo su decreto de régimen transitorio, nunca estipulado ni votado por el pueblo, mediante el cual destituyó a todos los titulares de poderes como el Judicial, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral o la Fiscalía General. Además, conformó un órgano legislativo ad hoc a sus afanes de poder y no contemplados constitucionalmente.
Siguiendo esa línea, desde 2017 Nicolás Maduro ha gobernado sin sustento jurídico y sin someterse a los límites que la propia Constitución venezolana de 1999 le impone. Ese año decidió pasar por encima del artículo 347 y 348 del texto, adjudicándose atribuciones constituyentes de forma arbitraria con el único fin de anular a una Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo venezolano, pero que en términos de representación política le era desfavorable.
Ante esa clara acción inconstitucional, ilegal, antidemocrática y arbitraria de Nicolás Maduro, la izquierda latinoamericana fue un cómplice pasivo. Lo validaron con su silencio. Ahora, cuando Maduro nuevamente usurpa el cargo y se niega a transparentar las actas de la última elección y se proclama vencedor, acusando a la oposición de un ataque cibernético (lo que el Centro Carter dijo que era imposible), la idea de repetir las elecciones es otra triste forma de legitimar a un régimen que siempre ha sido tramposo. Que, valga decirlo, por años ha cooptado todo tipo de institucionalidad mediante la transgresión de los límites constitucionales y legales más básicos.
El chavismo no sólo ha trazado una reconfiguración arbitraria de las reglas de elección y de la conformación institucional con el único fin de inhabilitar a la oposición, sino que les niegan las seguridades jurídicas mínimas a los disidentes. Hay opositores encarcelados sin juicio alguno. Hay exfuncionarios caídos en desgracia por disentir de los oligarcas chavistas. Hay jueces y magistrados que han huido al exilio por haber exigido los mínimos estándares legales y por negarse a cumplir las arbitrariedades del chavismo, incluso algunos siendo adeptos al proyecto chavista.
Otros jueces son abiertamente adeptos al chavismo, como Caryslia Rodríguez, militante del PSUV y designada como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien investigaría el supuesto ataque electoral. Es decir, el régimen dictatorial chavista les ofrecía a sus opositores y al mundo otro fraude: Un debido proceso y una justicia independiente.
A esta altura es evidente que Maduro y toda la estructura burocrática militar chavista instalada en el aparato estatal no solo ejercen el poder de forma arbitraria y en desmedro de toda institucionalidad y del pueblo, sino que no están dispuestos a ceder ni ápice en sus posiciones de poder.
Es evidente que los chavistas han viciado el procedimiento de elección e investidura presidencial ante la posibilidad de una derrota en las urnas. Saben que han perdido apoyos entre los ciudadanos, por algo hay casi 7 millones de venezolanos esparcidos por el mundo, escapando de las malas condiciones que ha creado el socialismo.
El no haber presentado las actas con los resultados y a la vez haberse proclamado vencedor de las últimas elecciones, es decir, auto investirse, implica un quiebre evidente de las normas legales del proceso electoral y democrático con que se definen la legitimidad y validez del cargo presidencial. Maduro ha pasado a llevar ambas dimensiones y ha usurpado el cargo presidencial.
Los golpistas son Maduro y el chavismo, que pretenden gobernar sin sustento jurídico y sin someterse a los límites que la propia constitución les impone, amparándose en los fusiles y la amenaza de la violencia. La tiranía chavista ahora se ha puesto fuera de toda legalidad. El gobierno de Maduro carece de total legitimidad y validez.
Ahora, frente al proceso autoritario que sufre Venezuela desde hace varios años, y que ha dado paso a una dictadura explícita controlada por la burocracia cívico militar socialista-chavista, una parte de la izquierda latinoamericana vuelve a comportarse como cómplice pasivo. En nombre de la democracia, del no intervencionismo, están avalando el golpismo chavista y a un Nicolás Maduro que gobierna definitivamente de modo ilegítimo, ilegal y tiránico.
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