Probablemente, imaginas la justicia como una mujer de ojos vendados y una balanza colgando de una mano. Ahora, imagina a la justicia chilena. No, no es igual y con pelo oscuro, es un viejo pelado y colgando de su mano tiene las llaves de su casa en un barrio muy alto.
Así pareciera que se legisla y regula en Chile, dentro de patrones conservadores, masculinos y alejados por completo de realidades dispares.
Es indudable que ha habido cierto desarrollo en materias de género, pero como ha sido reflejado en el tratamiento hacia Nabila Rifo, este progreso es mínimo. Mauricio Ortega va a pasar menos años recluido, porque la Corte lo ha decidido autor de una figura legal menor a la antes establecida de femicidio frustrado, lo cual indica que existe una inminente necesidad de revisión a los sistemas de poder del Estado. No podemos continuar generalizando, colocando a las víctimas en un mismo canasto. Es urgente que los responsables de crear y aprobar leyes sean suficientemente valientes para admitir que los casos de violencia de género hacia la mujer, quien ha sido históricamente discriminada, deben ser tratados de manera distinta.
Pareciera ser simple, una cuestión que solo requiere de entendimiento y cercanía con la realidad actual, pero ese es justamente el mayor desafío: las leyes aún son, mayormente, dirigidas por representantes de los sectores más tradicionalistas, dogmáticamente subyugados, hijos afluentes del patriarcado y en edad, o cercana, meritoria de jubilación.
Hombres incapaces de interpretar las necesidades intrínsecas de género, pero observan y escrutan según como el sexo de una persona se amolde a los roles sociales que ellos asumen como correctos. Son viejos pelados asustados de ser vilipendiados o llamados simpatizantes del feminismo, como si fuese esto una palabra que resuena como el anticristo.
Celosamente continúan lo establecido, aunque sea inapropiado en estos y futuros tiempos, omiten reconocer que las víctimas peor tratadas en su sistema, son mujeres y niños, lo que a su vez horroriza al mundo pensante, porque refleja cuán predominante es la violencia machista, una figura de cultura patriarcal profundamente arraigada en nuestro país. Sí, porque está dirigida más frecuentemente a las mujeres.
¿Cómo es aceptable que aún no exista la obligación de establecer perspectiva de género, dentro de los sistemas estatales de poder?
¿Cuán poco importamos? Ciertas cosas están cambiando, pero los procesos suelen ser demasiado lentos y solo estéticos, si consideramos que todavía son válidos los prejuicios, ideas obsoletas y mitos sobre lo que significa ser mujer.
“Pero era prostituta”, he escuchado esta frase más veces de las que he tenido sexo este año, pero la ley está deformada, avalando ciertos estereotipos perversos sobre la mujer. Esto no es un dolor individual, no afecta solo a Nabila, es síntoma de una sociedad permisiva hacia los errores de sus autoridades; es un ejemplo gigante del desorden sistemático que seguimos aceptando en el 2017.
Es hora de cuestionar a los responsables legales de Chile, en vez de tolerar que se escondan en la comodidad que significa continuar generalizando a todas las víctimas, prolongando su sufrimiento. Es un patrón agresivo, aunque varíe en forma, que deriva de las cúpulas de este país. De esta forma, nunca disolveremos efectivamente el abuso hacia las mujeres.
Imputar a Ortega por un delito menor, siendo evidente su objetivo de dar muerte a Nabila, es bastante abrumador. Tácita e implícitamente, no desalienta a futuros agresores, ni incentiva a victimas a denunciar: la violencia es socialmente aceptada según sus consecuencias.
Es tiempo de que la justicia chilena sea realmente justa y no tenga miedo a discontinuar la perpetuación de un régimen que en vez de reparar las profundas fallas en contra de nosotras, nos asusta y retraumatiza.
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