El orgullo por la identidad, una deuda pendiente

El 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBTI, fecha en que la comunidad mundial conmemora los hechos ocurridos en el bar Stonewall de Nueva York en 1969 y que dieron inicio al movimiento social que reivindica los derechos de las personas de la diversidad sexual hasta hoy.

Chile no se queda fuera de esta fiesta. El Frente de la Diversidad Sexual (FDS), que reúne a ocho organizaciones nacionales, convocó para este sábado una marcha que se realizará simultáneamente en Santiago, Talca y Concepción con una demanda muy clara: exigir la plena garantía de los derechos de las personas trans, por medio de la tramitación y aprobación de la ley de identidad de género.

El proyecto fue ingresado en mayo de 2013 en el Congreso por OTD, Fundación Iguales y cinco senadores/as y, en enero de 2014, se aprobó la idea de legislar por unanimidad en el Senado.

Sin embargo, más de un año después y a pesar de que está expresamente incluido en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto se mantiene entrampado en su primer trámite en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Esto se debe al mal momento que ha vivido La Moneda en los últimos meses, en los que ha perdido el control de la agenda, y a la asunción de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe como presidenta de la mencionada comisión.

Bien conocida es la posición de la legisladora en estas materias, manifestada de forma pública y reiterada: se opone a la aprobación de una ley que entregue equitativas condiciones de dignidad y derechos a personas que han sido marginadas de todas sus garantías básicas, a quienes considera “rarezas” y sujetas a un “trastorno mental”.  

Resulta incomprensible que una parlamentaria que piense de esta manera haya podido asumir la presidencia de una comisión que requiere de la absoluta imparcialidad para legislar, sobre todo cuando su visión personal no ha quedado fuera de las sesiones. Los siete períodos consecutivos de indicaciones son evidencia de intentos dilatorios para evitar que el proyecto se convierta en ley.

Afortunadamente, el gobierno ha decidido retomar la tramitación. El pasado miércoles 17 de junio, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, se reunió con representantes del FDS para revisar las materias pendientes del actual proyecto y alistar los ajustes necesarios. El ministro se comprometió a patrocinar y acelerar un proyecto que considera un trámite no contencioso para solicitar el cambio de sexo registral ante un tribunal de familia, lo cual representa un importante avance, subsanando las condiciones vejatorias de un proceso actual victimizante y patologizante.

La nueva ley creará un mecanismo oficial para que las personas trans no tengan que seguir recurriendo a la ley de cambio de nombre, que ofrece más obstáculos que beneficios para cambiar su sexo registral. Se elimina la necesidad de la representación de un abogado, lo que implica la inversión de grandes sumas de dinero y años de tramitación.

Además, transforma el rol del juez o jueza, quien solo podrá actuar como ministro de fe, limitando el uso de su criterio personal. Gracias a esto, no tendrá competencias para solicitar exámenes médicos, cirugías de resignación o “pruebas de masculinidad o feminidad”, en las que las personas han tenido que demostrar barbaridades como haber sido o no penetradas o poder orinar de pie, y luego de las cuales a muchas se les ha denegado el cambio registral.

El nuevo proceso garantizará una sistematización del trámite y la protección de la integridad del o la solicitante, además de ampliar los/as potenciales beneficiarios a extranjeros/as, personas casadas, personas con hijos/as, y niños, niñas y adolescentes.

Este último es un paso crucial, pues se hace cargo de una serie de episodios de discriminación que afectan decisivamente el desarrollo emocional de los/as menores transexuales, permitiendo a niños y niñas como Andy (la protagonista del reportaje de Contacto) ser reconocidos/as y amparados/as de sesgos y discriminaciones en establecimientos educacionales y sanitarios. El Ejecutivo tendrá pendiente zanjar la situación de las personas trans privadas de libertad y la fórmula de cómo podrán acceder a este beneficio.

Confiamos que el gobierno presente todos estos cambios con la celeridad que urge el estado de alta vulnerabilidad que las personas trans deben vivir cada día. El alto grado de deserción escolar, la expulsión del hogar, las escasas posibilidades laborales que empujan a muchas a la inseguridad del comercio sexual y una limitada esperanza de vida son resultado de una completa falta de derechos básicos y ante lo que el Estado chileno se ha mantenido indiferente por muchos años.

Esperamos que la voluntad de la administración de Bachelet sea compartida por los/as honorables parlamentarios/as y la senadora Van Rysselberghe, cumpliendo con su deber de legislar con altura de miras y en atención al respeto de la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad, para que el orgullo de ser quienes somos sea para todos y todas, no sólo para algunos/as.