Víctimas de violencia de género necesitan con urgencia que el Estado y la sociedad las protejan

Sara Campos

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El martes 20 de abril las vecinas y vecinos de La Reina despertaron con una lamentable noticia: Una joven víctima de violencia intrafamiliar habría sido abusada por un sargento de la 16ª Comisaría de nuestra comuna. El funcionario -denunciado por uno de sus colegas- fue desvinculado de la institución y se encuentra formalizado por el delito de abuso contra particulares y obstrucción a la investigación.

Tal como reconoce el "Manual de respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer", elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (2010), "la actitud y respuesta de la policía pueden tener un impacto drástico en el desarrollo de los acontecimientos, incluso en la prevención de futuros actos violentos y la protección de las víctimas".

La respuesta de las policías puede ayudar a las víctimas a abandonar una relación violenta o, por el contrario, perjudicarlas de tal manera que consideren que nada ni nadie puede ayudarlas, continuando en un espiral de maltrato.

Es tan relevante este aspecto que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Filipinas, India, Perú y Uruguay han creado o conformado comisarías integradas exclusivamente por personal femenino, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de casos.

Lo sucedido en La Reina no solo nos estremece por la respuesta policial, sino también por la doble victimización que sufre una persona que denuncia por violencia intrafamiliar y que, como si esto fuera poco, se expone a un posible abuso o acoso sexual por parte de un funcionario de Carabineros, la misma institución que la debiera proteger.

Por lo mismo, resulta imperioso abordar, en todas sus dimensiones, el problema de la violencia contra las mujeres, partiendo por los protocolos de las policías, que constituyen "la primera línea del sistema de justicia penal".

Esto es clave en un país como el nuestro, donde solo este año ya se registran 9 femicidios consumados y 32 frustrados, según las cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al 19 de abril. Lamentablemente, el año pasado hubo 43 femicidios en Chile.

Pero el rol de Carabineros o de la PDI es solo una parte en la problemática. Para proteger realmente a las mujeres se necesita un enfoque que incluya a los Tribunales de Justicia, al Gobierno, al Parlamento, a los municipios, las ONG y, por sobre todo, a la sociedad civil.

Tal como lo plantea la ONU, "una respuesta estatal a la violencia contra la mujer que ponga el peso de la carga en la policía solamente está destinada al fracaso". Tenemos que avanzar hacia una sociedad que no tolere la violencia contra la mujer en ninguna forma. Solo así dejaremos de escuchar o de leer noticias como ésta.