Asesinar ambientalistas es sudaca

Freddy Jelves Fernández

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Tal como lo establecen distintos lingüistas, el término "sudaca", es una deformación de "sudamericano". De acuerdo a la fenecida doctora Ana María Vigara Tauste: "al degradarlo semánticamente pudo contribuir en su momento la probable asociación con las otras dos palabras que solían usarse con la misma terminación, masoca y sadoca (masoquista y sádico, respectivamente)".

Más aun, así como en España se utiliza para referirse de forma despectiva a todos quienes provienen de del continente, en diversos países latinoamericanos se le usa de la misma forma, para hablar sobre los inmigrantes. Es decir, una palabra que por diversas razones se ocupa de manera negativa para aludir a otros.

¿Por que entonces utilizarla frente al asesinato de una ambientalista?

De acuerdo a la organización de derechos humanos Global Witness, durante 2018 fueron asesinadas 164 defensoras y defensores del medio ambiente en todo el mundo, mientras trataban de proteger sus tierras, sus comunidades, sus ecosistemas. En el año 2019, esta cifra ya había subido a 212, 30% más que el año anterior.

Y en el 2020 subió nuevamente: 227 personas fueron muertas sólo por defender el medioambiente. Entre ellas, 65 en Colombia, 30 en México, 29 en Filipinas, 15 en el Congo, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua, 6 en Perú y 4 en India.

Si esto aún fuera poco, el estudio The Supply Chain of Violence, publicado por la revista Nature el año 2019, estableció que durante un periodo de 15 años -entre 2002 y 2017- más de 1.558 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 50 países, número equiparable a casi la mitad de los soldados estadounidenses fallecidos en combates en Irak y Afganistán, desde el año 2001.

Como corolario de esta aberración en contra de los derechos humanos, mientras a nivel global el 43% de los homicidas pagan sus condenas en prisión, de todos los asesinatos en contra de medioambientalistas en el mundo sólo el 10% terminó con penas de cárcel para los culpables.

Lo más funesto de estas cifras es que dos tercios de estos asesinatos ocurren cada año en Latinoamérica, y que desde 2015 un tercio de los ataques fatales han ocurrido en contra de miembros de pueblos originarios, los que terminaron en ello luego de amenazas con intimidación, vigilancia, violencia sexual, criminalización y arrestos.

En Chile se ha provocado un escándalo nacional tras lo ocurrido con Javiera Rojas, quien fue encontrada atada de pies y manos, con heridas, en una casa abandonada y semidestruida. Javiera había sido la lideresa de la Agrupación Ecológica El Durazno, que gracias a la fuerza social y de la comunidad logró detener la instalación del dañino embalse La Tranca en la Región de Coquimbo, y quien últimamente se había manifestado en contra del proyecto Central de Respaldo de Combarbalá, de la empresa Prime Energía, una filial de la operadora de inversiones EnfraGen Capital, con sede en Nueva York.

Por ello diversos actores políticos y sociales, incluyendo un candidato presidencial, se han declarado en contra de que este hecho quede en la impunidad, haciendo llamados a investigar a cabalidad al Ministerio Público e incluso solicitando directamente un fiscal especial para que se encargue del caso, de forma que no vuelva a ocurrir lo acontecido con otros defensores medioambientales en Chile, cuyas muertes aun no han sido aclaradas:

Macarena Valdés, defensora de los derechos humanos y medioambientales de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, quien fue encontrada colgada en una viga de su casa en el año 2016.

Alejandro Castro, ex secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales C-24 de Quintero, quien fue encontrado muerto en el año 2018, colgado de su mochila en la reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso.

Marcelo Vega, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Región de Los Ríos, quien el 2019 fue encontrado ahogado en las aguas del río Lingue, en San José de la Mariquina.

Lo que es claro, es que muchas empresas se han beneficiado de los abusos contra los derechos humanos y el daño ambiental con relativa impunidad durante demasiado tiempo, pues han aprovechado un modelo económico extractivo que le da prioridad a las utilidades económicas por sobre los derechos de las personas y de la naturaleza, favoreciéndose aun más con gobiernos que con tal de producir ganancias, hacen la vista gorda.

Lo coincidente es que la mayoría de los gobiernos que cierran los ojos frente a dichos abusos, que permiten los asesinatos de ambientalistas y peor aún, la impunidad de los sicarios culpables, son justamente de este lado del mundo. Sudacas.