¿Cuotas para los migrantes?

Freddy Jelves Fernández

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Está comprobado, sobre la base de la historia y la experiencia internacional, que la inmigración es provechosa para los países receptores, pues la sociedad que los acoge se nutre de nuevos conocimientos y fuerza laboral, aumentando la productividad y el dinamismo económico de las naciones, al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor capital humano, además de aportar en cultura y diversos aspectos sociales que benefician a la ciudadanía en general.

De acuerdo a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, "los beneficios de la migración para el crecimiento económico son innegables: en 2015, la contribución de los migrantes al PIB mundial fue de aproximadamente 6,7 billones de dólares equivalentes al 9,4% del PIB mundial".

Sin embargo, también es de saber común que la inmigración descontrolada a cualquier nación puede llegar a un punto límite en que afecta directamente la calidad de vida de los nativos, en planos que van desde el colapso del sistema público de salud, problemas de interacción social o desequilibrios de género, hasta la baja en los cupos de empleo, dificultades en la capacidad del Estado de apoyar a la ciudadanía en su conjunto o xenofobia.

Chile desde hace algunos años está sufriendo un proceso de inmigración descontrolada, con miles de personas ingresando cada semana a territorio nacional y donde a poco andar, parecen recibir beneficios que otras personas han esperado por meses o años.

A ello se suma la preocupante sensación que se está instalando respecto a la cantidad de delitos perpetrados por ciudadanos extranjeros en nuestro país, la que si bien es ínfima comparada a la que cometen delincuentes nacionales, esto es, 3,3% vs, 96,7% (según datos de la Defensoría Penal Pública), existe en la opinión pública una percepción de aumento en las causas que involucran a personas de otros países, en tiempos en que la principal preocupación de los chilenos y chilenas es la delincuencia y la seguridad ciudadana, según diversas encuestas.

A lo anterior hay que sumar el rol que cumplen los medios de comunicación y autoridades como el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien se refirió a la preocupante intervención de extranjeros en el fenómeno de sicariatos, homicidios y balaceras, y a que habrían antecedentes para vincular este tipo de hechos al ingreso de droga al país por parte de grupos foráneos.

Por otra parte, son miles los migrantes que terminan viviendo en las calles o en guetos, hacinados, trabajando por sueldos que apenas les permiten comer, todo a forma de sobrevivir, aumentando de esta forma su precariedad y rompiendo con las expectativas que tenían antes de llegar a nuestro país.

En el caso de los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, se han convertido en la mayor colonia residente en Chile con más del 30% del millón y medio de foráneos en el país, y de acuerdo a la reciente Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de ONU, el 71% de quienes llegaron como migrantes durante el año 2021 lo hicieron con un menor de edad, un 24% más que el último muestreo.

Asimismo, el 98% de los encuestados señaló que su destino final era nuestro país; casi el doble que en la última medición. Por último, el 94% de quienes ingresaron a Chile en los últimos meses, lo hizo por un paso no habilitado de acuerdo a la misma medición.

Ante todo lo anterior cabe preguntarse, ¿qué hacer entonces?

Diversos estudios y expertos mencionan la migración controlada, es decir, el ingreso gradual y ordenado de extranjeros, como la estrategia que trae mejores beneficios para todos y todas al corto y largo plazo.

Más aun, diversos países de Europa, el Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia, entre otros, ocupan el sistema de cuotas desde hace años para resguardar a sus sociedades y planificar objetivos sociales y económicos.

Esto puede realizarlo un comité de expertos en migración, ciudadanía y políticas públicas, que cada año emita un informe para establecer la capacidad de carga del país, señalando la cantidad máxima de personas migrantes que pueden venir a ser un aporte durante los siguientes 12 meses, estableciendo cuotas ya sea por nación, si vendrán a trabajar o a estudiar, así como de quienes puedan ingresar en calidad de refugiados, todo lo anterior de forma de mantener un balance social, económico y de capacidad del Estado de atender a cada habitante del país.

Asimismo, se deben aumentar los requisitos y la documentación para quienes lleguen con visa de turista, documentos que deben ser revisados de forma eficiente y efectiva.

El debate sin duda debe existir. Ningún extremo es bueno, ni abrir las fronteras de par en par para que millones entren sin ningún control, ni tampoco cavar zanjas con el resguardo de fuerzas armadas entrenadas para el combate militar.
Aquí debe evaluarse cuál es la mejor solución frente a una situación de inmigración descontrolada, y tal como se ha hecho en otras latitudes, la mejor opción parece ser el establecimiento de cuotas.

Es de esperar que en el gobierno del Presidente Boric y en las propuestas de la nueva Constitución, esto se pueda debatir con altura de miras y pensando en el bien de los chilenos y chilenas y de todos los migrantes que busquen un mejor pasar en este país que desde el inicio de su historia, siempre los ha acogido.