Contradicciones ambientales del gobierno de Boric
En enero 2024, el Gobierno presentó un proyecto de ley que reforma las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. El texto tiene aspectos positivos, porque acelera y aclara procedimientos. Sin embargo, en otros es un retroceso, en especial en materia de ruidos. Retroceso, porque traspasa la fiscalización de ruidos desde la superintendencia a las municipalidades en todos los casos en que no se trate de una actividad sometida a Declaración de Impacto Ambiental.
La propuesta calla que en la última década se han multiplicado los ruidos peligrosos, que la mayoría de las municipalidades carece de medios para fiscalizar y, las que sí los tienen, pocas veces muestran voluntad de hacerlo. Así ocurre, entre muchas, en Providencia, donde su Dirección de Fiscalización protege ilícitamente a los emisores de ruidos peligrosos, por ser el municipio el principal emisora de ruidos peligrosos de la comuna por la mantención industrializada del espacio urbano. Por su parte, 47,5% de las denuncias ante la SMA es por infracciones a las normas de ruidos, pero una proporción aun mayor son las denuncias por ruidos ante municipios. De estas, escasas están en el ámbito de la ley de Copropiedad, porque no provienen del condominio en que se vive, sino de predios aledaños (bares, sopladoras de hojas, gimnasios, motores mosquito, rotomartillos, etc.).
Los ruidos son un problema masivo y grave de medio ambiente. Sin embargo, el proyecto de ley desprecia los datos del mismo Ministerio de Medio Ambiente, que ha reconocido que el ruido es un problema de salud pública y que afecta a millones. Aquella entidad informó, en resolución del 16 de junio de 2021, que el ruido produce "enfermedades cardiovasculares, efectos sobre el sueño y el metabolismo, deficiencia auditiva y tinnitus, disminución de la calidad de vida, y deterioro cognitivo y de salud mental", así como "isquemia al corazón". En Europa, agregó, donde hay estadísticas de morbilidad por ruido, "genera aproximadamente 12.000 muertes prematuras cada año".
A ello se agrega que las ordenanzas municipales de ruidos molestos siguen un modelo propuesto por la otrora Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), que no prevé la denuncia de particulares ante el juzgado de policía local respectivo y deja la fiscalización sólo a Carabineros e inspectores municipales. La población queda indefensa. ¿Ante quién denunciaría un ciudadano el ruido hecho por la municipalidad con motosierras e hidrolavadoras que emiten más 125 Db? ¿Ante el inspector municipal? Carabineros se burla de las denuncias de ruidos y su negligencia en la materia es total.
Las actas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, muestran que no se ha invitado a exponer o no se ha hecho con la frecuencia debida a las organizaciones sociales que contribuyen a la protección ambiental. En cambio, han sido invitadas numerosas empresas, entre las que se encuentran las principales causantes de los ruidos peligrosos.
En materia de ruidos, ni la propuesta gubernamental ni el Congreso parecen enterarse de la gravedad de lo que está en juego: Daños sicofísicos que, a largo plazo, impiden trabajar, estudiar, descansar o mantener una conversación familiar. Tras algunos años, terminan en angustia, irritabilidad, incapacidad y muerte. No es un problema de percepción por parte de una ciudadanía quisquillosa, son los datos recopilados por el Ministerio del Medio Ambiente y por el Ministerio de Salud.
El Gobierno debe retirar del proyecto de ley el abandono por la Superintendencia del Medio Ambiente de la fiscalización de ruidos. Asimismo, debe legislar para que los ciudadanos puedan denunciar directamente, sin asesoría de un abogado, las infracciones sobre ruidos externos a condominios ante los juzgados de policía local, quitando la exclusividad de la denuncia a los inspectores municipales y Carabineros. El Congreso, por su parte, debe enmendar la vergüenza de excluir a organizaciones sociales o ambientales del debate.
Si la Superintendencia de Medio Ambiente abandona la fiscalización de ruidos, en lugar de fortalecerla, habrá que cobrarlo a la coalición del Presidente Boric.
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