Miedos de género
Bajo el pretexto de aplicar la ley 21.269, que previene las violencias y discriminaciones de género, se multiplican en algunas universidades los regímenes persecutorios de género, haciendo trizas los derechos humanos y laborales que tales regímenes afirman defender. Una nueva injusticia no es solución a otra antigua.
Así sucede en una universidad pública de la Región Metropolitana. En abril 2022 convocó a elecciones para integrar una Comisión Institucional de Género, que tenía por misión elaborar -en consonancia con la ley 21.369- un Modelo y un Protocolo de Género para perseguir sus transgresiones. Una buena idea, mal conducida. Hay indicios de que rectoría de entonces favoreció un fraude electoral, perjudicando a quienes postularon honestamente. Asimismo, aquella rectoría dio a la comisión un reglamento discriminador de varones heterosexuales. Después, en la comisión, no quedó ninguno. No hubo transparencia: las actas fueron pedidas, pero las autoridades las negaron. Algunas personas de la comisión publicaron una versión informal de ellas. Hay que elogiarlas: la discusión de género es pública y no debe excluir a nadie.
La rectoría actual, sin publicarla, presentó la normativa a la Junta Directiva, que la aprobó. Semanas después, sólo por iniciativa del Consejo Académico, se pudo conocer in extremis el documento. Entonces se constataron tres hechos. Primero: la acusación tiene 180 días; la defensa, sólo cinco. Segundo, el "Modelo Institucional de Prevención de la Violencia de Género" permite a la acusación agregar documentos y testigos concluida la defensa, por lo que el acusado será condenado por hechos que no conoce (Artículo 3.3 número 6). Y tercero: la nueva norma no castiga las denuncias falsas, estimulándolas. Funcionarios y alumnos pueden, así, ser echados sin posibilidad de defensa, borrando años de luchas por derechos laborales y estudiantiles. Una norma propicia para montajes de género y abusos de poder.
Alguien creerá que está bien porque la mayoría de las acusaciones son contra varones. Error: la normativa ofende a cientos de miembros de esa universidad que vieron, durante la dictadura, sus derechos pisoteados en acusaciones sin defensa. La norma emula la ley Antiterrorista, por la que Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014, en el caso Catrimán. Por punitiva, además, la normativa estimula una futura reversión política contra los derechos de mujeres y minorías sexuales, como ha sucedido en otros países.
Las garantías de no discriminación exigidas por la ley 21.369 no fueron satisfechas. Esa ley tiene defectos, pero es necesario hacer valer lo que ordena: "políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género". La ley 21.269 da un mínimo resguardo a todos los géneros y tanto a acusado como a acusadora. La instalación de un núcleo androfóbico en el área jurídico-punitiva de la universidad concernida anula los efectos anti discriminadores de la ley. Asimismo, un concepto de violencia de género sin restricciones permite que, en toda disputa intelectual o administrativa, un varón sea vencido no por los argumentos, sino porque una diferencia de opinión es perseguida como "violencia", destruyendo el diálogo universitario.
La rectoría actual desaprovechó la oportunidad de corregir y suscribió el nuevo "modelo", que multiplica castigos y destruye la defensa. Otro error: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, 2), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8, 2) y la Constitución (art. 19, 3) consagran los derechos de la defensa.
Hay que esgrimir la ley y contribuir a eliminar todas las discriminaciones género. La debilidad de algunas iniciativas de género no proviene de una crítica externa, sino del punitivismo que prefiere condenas a justicia. Su efecto preventivo es nulo. Las políticas de género requieren debates, diversidad y mayorías. Su base es la justicia, no el odio ni la ciega represión. Los problemas de género son reales e importantes, pero sustituir acuerdos por miedo los hace insolubles. Una reglamentación a escondidas y una universidad que ya no discute por temores ni es universidad ni permite alianzas de género, sin las cuales habrá condenas, pero no igualdad de género.
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