Ahora que el mar tiene toda nuestra atención, gracias a la creativa indicación del diputado Brito sobre los peces sintientes, veamos qué es lo realmente importante en la discusión legislativa sobre el mar.
Desde comienzos de 2024 en el Congreso se está reestructurando el sistema de gestión y gobernanza del mar y sus bienes comunes. La antigua y cuestionada ley de Pesca y Acuicultura (LGPA) será reemplazada por dos nuevas legislaciones: Una para regular la actividad pesquera y otra específica para la actividad acuícola. Las partes interesadas -con gran capacidad de influencia- son las industrias pesquera y salmonera, que están íntimamente ligadas y que tienen como prioridad la exportación a mercados externos. Quienes tienen mayores dificultades para incidir son la pesca de pequeña escala, la artesanal y la que realizan los pueblos originarios, todo esto a pesar de su alta relevancia para las economías locales y la alimentación interna.
Pero esto no es solo una cuestión económica y productiva, como varios intentan pintar al "desarrollo". La discusión de ambos proyectos de ley se dará en el marco de otras dos legislaciones vigentes y que tienen una gran relevancia en el uso del mar. Una es conocida como ley Lafkenche, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, y que desde 2008 busca resguardar los derechos, usos y costumbres de los pueblos indígenas que tienen una relación ancestral con el mar. La otra es la nueva ley sobre biodiversidad, aprobada a fines de 2023, que entre otras cosas regula el sistema nacional de áreas protegidas, entre las que se encuentran también las áreas marinas.
El proyecto de ley que busca establecer una nueva norma sobre la pesca fue ingresado por el Gobierno en enero de 2024 y viene a derogar la cuestionada ley anterior, que estuvo teñida por delitos tributarios, soborno, cohecho y fraude al Fisco. Con esa triste trayectoria, la discusión de este nuevo proyecto debe ser técnica y políticamente seria y cuidadosa, para no perder legitimidad en la discusión de temas que son tan relevantes para nuestra soberanía alimentaria, cultura, economía y naturaleza. Estos equilibrios no serán fáciles de alcanzar si nos entrampamos en discusiones absurdas que sólo esparcen la desconfianza sobre las capacidades del poder legislativo de llevar la discusión con seriedad.
En esta ocasión, lo más importante que está siendo tapado por la historia de los peces sintientes es una alerta de cooptación por parte de los mismos grupos que impusieron sus intereses con prácticas delictuales en la legislación anterior. La alerta la levantó Ciper hace un par de semanas, cuando informó que los diputados UDI Bobadilla y Moreira (UDI), y Berger (ind pro RN) copiaron y pegaron 211 indicaciones de un informe técnico-jurídico entregado por Sonapesca, organización destinada a impulsar el desarrollo de la pesca industrial.
El informe fue elaborado por la consultora Acuiestudios y una de sus principales autoras es una exfuncionaria de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se elaboró la cuestionada ley anterior. Esto levantó las alarmas en el Congreso y se detuvo la discusión por una semana en la Comisión de Pesca, se derivaron los antecedentes a la Comisión de Ética y los diputados Moreira y Berger retiraron sus indicaciones. Pero el diputado Bobadilla insistió en ellas, justificando que representan los intereses de un sector importante del mundo pesquero. Esto es lo que tiene que captar nuestra atención en estos momentos.
Así las cosas, durante los próximos años usted escuchará noticias como ésta, donde distintos sectores presentarán sus intereses en la discusión. Pero no olvide que lo que realmente está en juego es cómo establecemos un régimen jurídico que, garantizando los derechos humanos, regule estas actividades productivas en el mar para que sean realmente sostenibles, transparentes y equitativas en el uso de los bienes y espacios que son comunes, de todos, no de unos pocos. Dentro de todo esto el bienestar animal también importa.
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