Chile clama una transición previsional

Jaime Quintana

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Con ocasión del 1 de mayo, abundan los análisis y evaluaciones sobre la situación laboral, la seguridad en el trabajo, la salud mental de los y las trabajadoras, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la calificación y capacitación laboral, en fin. Por cierto, el sistema de pensiones es también protagónico. Una reflexión y evaluación tan útil como necesaria.

Sin embargo, el periodo que vivimos es excepcional y requiere un debate profundo, que se haga cargo de ello. La reflexión no puede sonar a mejoras menores, para aparentar frescura y “salvar el momento”. Estamos atravesando un cambio de época de proporciones insospechadas. Tenemos que ser audaces.

La pandemia del coronavirus ha develado la precariedad social y ética del modelo neoliberal. El miedo de los miles de contagiados, pero también de quienes sufren angustia y dolor por la pérdida de empleos, por las medidas de confinamiento, por la falta de agua, es también el testimonio de un modelo que se cae a pedazos.

Los países que han hecho esta reflexión tienen distintos idiomas, pero también diversas posiciones políticas. Tanto en Francia, como en Inglaterra o Alemania, se ha cuestionado una fórmula de desarrollo que menoscaba las responsabilidades estatales, soslaya las acciones colectivas y colaborativas y deja todo a merced de las reglas del mercado.

En Chile, este revisionismo mundial adquiere ribetes aún más claros y urgentes. Desde el 18 de octubre vivimos un periodo en donde la agenda política ha estado marcada por la protesta social y un cuestionamiento transversal al orden político y económico imperante. Se ha hablado una y otra vez de la necesidad de un nuevo pacto social.  La pandemia no vino sino a exponer y tensionar aún más una realidad de abusos preexistente.

El desafío es enorme y complejo, pero Chile tiene experiencia en políticas públicas y cambios regulatorios exitosos y la capacidad para llevarlas adelante. En el campo laboral, por ejemplo, está el seguro de desempleo. Una política de protección social, impulsada por el presidente Lagos el 2001, que incorporó a empleadores, trabajadores y empresarios.

¿Podemos imaginar lo que sería enfrentar la catástrofe social sin este seguro de cesantía? La situación de inseguridad sería aún más profunda y dramática. Pese al aprovechamiento que algunas grandes industrias están haciendo de la ley de protección del empleo, y de que el gobierno podría haber propuesto otras fórmulas para asegurar a los trabajadores, no cabe duda de que el seguro de cesantía ha sido un gran aporte.

De hecho, si en pensiones tuviéramos un seguro tripartito como ese, la realidad sería muy distinta. El actual sistema, basado en la capitalización individual y en la administración de fondos por parte de las AFP, cada vez resiste menos defensa. Simplemente porque no sirve para lo que se supone fue creado: asegurar a todos y todas pensiones dignas, y “liberar” al Estado de solventar la vida y bienestar de los adultos mayores.

La promesa inicial, de que en el año 2020 los chilenos recibirían el 100% de su sueldo al momento de jubilar, hoy no da ni siquiera para un mal chiste. Hoy por hoy es el Estado, debilitado y lleno de carencias, el que debe asumir las demandas de miles de adultos mayores que reciben pensiones miserables por el sistema de las AFP.

A estas alturas de la historia también hemos aprendido que no hay soluciones mágicas, y que todos los países enfrentan problemas complejos respecto de las pensiones.

Dicho eso, la reforma previsional que promueve el ejecutivo, si bien es un avance, está muy lejos de responder en orden a las transformaciones que nuestra sociedad exige.

Hay algo que tenemos claro: la tendencia mundial es alejarse del modelo chileno y buscar fórmulas combinadas en donde los Estados y el sector privado puedan construir sistemas que no sean deficitarios y a la vez puedan cumplir su tarea principal, generar pensiones dignas.

En nuestro caso pareciera que no hay que ir muy lejos. En Uruguay, por ejemplo, existe un sistema de pensiones acorde con esos objetivos, concurriendo el sector público y el privado con responsabilidad y de la mano de una institucionalidad muy diferente al laisse faire que las AFP disfrutan en Chile.

Hablamos de un auténtico sistema mixto. Todos cotizan un 15%, pero una parte de la cotización va al BPS (fondo de solidaridad intergeneracional) y otra a las AFAP (cuentas de capitalización individual).  Aquellos que perciben una renta equivalente a $1.140.000 pesos chilenos están obligados a cotizar toda esa parte de su sueldo en el seguro social, y de ahí en adelante en las cuentas individuales.

A diferencia del sistema chileno, las inversiones de las AFP uruguayas son supervigiladas por el Banco Central, existe una rentabilidad mínima asegurada y un fondo de reserva con capitales de la propia industria para garantizarla. Nadie siente angustia ni tiene miedo de que la crisis reduzca sus jubilaciones.

Pero, además, la AFAP más grande y con menores comisiones es de propiedad estatal. Aún con todo eso, hay privados que invierten en la industria, como el grupo Sura (que en Chile es dueño de la AFP Capital). ¿Por qué en Uruguay los privados aceptan todas esas reglas y en Chile no podemos tocarlos? Los resultados muestran, según un estudio del BID, que mientras Uruguay tiene una tasa de reemplazo promedio de 72%, la de Chile es de un 38%.

La crisis sanitaria y económica que vivimos debiera impulsarnos para tomar las decisiones adecuadas. No es posible que además del temor a contagiarse, a perder a seres queridos o a perder el empleo, los chilenos y chilenas sumen el horror de ver que, mes a mes, sus ahorros previsionales se desmoronan.  

¿Sobrevivir a la pandemia para vivir el drama social de no tener pensión? 

¿Ese es el futuro esperanzador que tenemos para ofrecer?

El gobierno debe aprender de este momento y comprender que el proyecto de reforma previsional es insuficiente y sólo profundiza un modelo neoliberal en pensiones, del que todos los países huyen.

Confiamos en que la crisis que vivimos les permita abrirse al diálogo y a escuchar las demandas de la ciudadanía, para iniciar la transición que Chile clama: hacia un sistema previsional digno, que dé alguna luz de esperanza en estos días donde el miedo y el dolor ocupan todos los espacios.