Chile entre República y Estado

Justino Gómez de Benito

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Entre “República” y “Estado” podríamos estar hablando de La Moneda, pero quiero referirme más bien, en tanto ciudadano que valora el proceso hacia una Constitución realmente democrática y representativa, a la responsabilidad que nos cabe a todos en pensar el Estado y en el rol que se le asigne  en la construcción, como país,  de un futuro coherente con su identidad republicana.

El primer paso para ello es analizar la(s) experiencia(s) histórica(s) que ha tenido Chile,  hacer memoria, si no desde su origen, en este momento, al menos desde el siglo pasado, como un gesto de responsabilidad con la trayectoria de aciertos y desaciertos tanto en el tipo de Estado que hemos tenido, como en sus formas de  gobierno y sus consecuencias.

Pensar el Estado es necesariamente tener como visión el bien común, el bien de todos. Es su razón de ser y su responsabilidad política. Es también pensar en nuestras relaciones sociales y en el manejo de nuestro patrimonio y nuestros recursos como país. Pero sobre todo establecer grandes principios y fijar prioridades. El rol del Estado será hacerse cargo de ellas. No hace mucho, la Comisión Justicia y Paz observaba que nuestro país, “se ha visto inmerso en un estilo de desarrollo individualista, agresivo y desconfiado, donde el bien común y la dignidad de cada persona no es una prioridad” (1).  

Desde esta constatación, cabe pensar entonces, en un Estado donde sea posible revertir esta situación. Es más, pensar en una nueva Constitución sustentada en una visión de Estado al servicio de una visión de país entendido como espacio de ciudadanía y equidad para todos sus habitantes.

Chile, desde su independencia se autodefinió como república democrática. Posteriormente en la Constitución del año 1925 se proyectó como un “estado republicano y democrático representativo” (Art. 1). Estas dos connotaciones sustentaron el empeño por construir un país de ciudadanos libres y en igualdad de derechos y deberes, con un Estado que los garantizara y los exigiera.

El Estado en dicha  Constitución se comprendía a sí mismo como un agente activo en la construcción de una convivencia democrática donde se protegieran los intereses y necesidades de todos, particularmente de quienes estuvieran desprovistos de medios: "la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización". (Nº 14 del art. 10) (2). En este sentido el Estado asumió un rol protagónico que fue la clave del proceso de desarrollo social, que como agente activo se empeñó a través de sus políticas públicas, en que las mayorías fueran accediendo a la salud, a la educación, la vivienda y la seguridad social.  

Así fue como la trayectoria republicana, hasta el golpe de Estado de 1973, con toda la variedad de gobiernos de corrientes políticas e ideológicas diversas, fue reflejando una voluntad, como país, de  hacer realidad el sistema democrático en todas sus expresiones cotidianas,  procurando mejorar las condiciones de convivencia para una mayor y efectiva justicia colectiva.

Esta voluntad política inspiró la evolución del ordenamiento jurídico a lo largo del S. XX, incluyendo las reformas de 1971. Con distintos énfasis y estrategias, el Estado en Chile, desde comienzos del S. XX hasta 1973 se puede caracterizar como un “Estado de bienestar” (3), inclusive asumió la responsabilidad de hacerse cargo de “la cuestión social”. Pero más aún,  fue un Estado que en esta perspectiva lideró el proceso de industrialización, amplió la cobertura de acceso a la educación a las grandes mayorías de nuestro país, e incorporó a los campesinos a la propiedad de las tierras a través de las distintas etapas del proceso de reforma agraria.(4).

Ahora bien,  el ejercicio de un  Estado, altamente centralizado, que se consideraba como único responsable del desarrollo del país, fue generando una frondosa burocracia que se expandió más de diez veces en 30 años pero que no se tradujo en mayor eficiencia en el ejercicio de la función pública y los servicios a los ciudadanos.

Uno de los rasgos más perniciosos fue, sin duda, transformarse en un “Estado clientelista”, pagador de favores y fidelidades ideológicas, del que usufrutuaron muchos políticos incompetentes, frecuentemente sectarios e incapaces, y que supuso en algún momento ser el mayor empleador de Chile, aunque  también, por otro lado, el mayor inversionista, con un gasto en sueldos que superó el 50% del presupuesto del país. (5)

Con el golpe militar de 1973 la trayectoria de un  Estado republicano se quiebra y se restringen las libertades ciudadanas transformándose el Estado en el garante de un orden social selectivo que persiguió inexorablemente a quienes consideró opositores y enemigos. Conocemos todos y lamentamos las consecuencias de un Estado que se transformó en represor, llegando, incluso, a estructurarse un verdadero terrorismo de Estado. 

De forma flagrante Chile, se apartó de su trayectoria auténticamente republicana y de sus tradicionales formas de democracia, transformándose en un Estado militarizado que promueve una estructura social jerarquizada y una cultura autoritaria que se plasmó en la Constitución de 1980. Su elaboración  no fue una expresión de consenso ciudadano. Su redacción se encomendó a un grupo de personas de la confianza del gobierno militar.  

Se trató de un proyecto que no sólo quiso superar limitaciones, sino rechazar la visión del Chile de la Constitución de 1925 y de los subproductos y efectos no previstos: la radicalización ideológico-política que se fue produciendo en el país y particularmente las estrategias estatizadoras impulsadas en el gobierno de la Unidad Popular, entre otras.

No hay que olvidar que el contexto en el que se redactó tal Constitución y que le otorgó una clave de sentido fue la guerra fría y la polarización ideológica en la que gran parte del mundo se debía posicionar en aquellos años.

Si bien en el Art. 4 declara que “Chile es una república democrática” no define ni propende un Estado republicano propulsor de las libertades políticas, que reconozca la soberanía del pueblo, la participación política y las organizaciones ciudadanas.  Consagra el principio de valoración de las personas individuales por encima del Estado, asignándole un rol subsidiario y no empresarial (6).

En este sentido, el rol concedido al sector privado y al mercado contienen un supuesto institucional en el que el Estado debe carecer de protagonismo, salvo para garantizar las libertades económicas de las personas, constituyéndose en protector y garante del derecho individual de propiedad y de emprendimiento, sin hacer mención a otros derechos fundamentales, como son los Derechos Humanos. El principal objetivo de las FFAA en el Título X de la Constitución Política es garantizar el orden  y la seguridad nacional, en vez de defender la condición republicana y democrática del país.

¿Cuál es el modelo de Estado que queremos para Chile en el futuro?  Ahora, que se vea reflejado en la nueva Constitución - implica entonces - hacer este análisis de la historia política y reconocer aquellas decisiones y rasgos identitarios que como país lo han definido desde sus orígenes como república. No cualquier modelo preestablecido es el que nos sirve.

Esto puede implicar reconocer a los individuos en tanto ciudadanos y al Estado como garante de sus derechos y del bien común como  rasgos de su fundamento republicano.

¿Se tratará de pasar, por ejemplo, de un Estado “subsidiario” a un Estado social y democrático de Derecho?

¿Para recuperar la clave republicana, consolidar y perfeccionar la democracia, será necesario eliminar privilegios, trabas y exigencias de determinados “quórums”?

Lo que sí será necesario, sin duda,  va a ser el reconocimiento de los derechos de autonomía y reclamos territoriales y culturales de los pueblos originarios. Habrá también que comprender que el Estado unitario es compatible con la descentralización territorial del poder y de la gestión de recursos.

Pensar en una nueva Constitución además ha abierto la oportunidad de discutir sobre el rol que debe cumplir el Estado en la economía. Los movimientos sociales han venido expresando la demanda de un rol más presente del Estado en educación, en la salud y en la seguridad social, entre otras. Es el signo de una necesidad por un nuevo rol y un nuevo trato del Estado en materia económica.

Pero el derecho a pensar un nuevo Estado conlleva responsablemente el compromiso de no repetir errores del pasado, entre ellos especialmente el de no confiar en la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre su forma de organizarse en pro del bien común.

Chile no necesita ni quiere hoy ni para el futuro Estados centralistas, verticales en sus estructuras, vigilantes, burócratas o clientelistas.

Tampoco un Estado de tecnócratas que quizás trabajen mucho, pero de espaldas a la opinión de la gente.

Antes que nada se necesita potenciar en las nuevas generaciones el orgullo de una identidad republicana, construida desde la diversidad de pueblos, culturas y territorios reflejados en un Estado unitario pero plural.

Y sobre todo se requiere producir un círculo virtuoso entre los derechos y deberes individuales y colectivos de las personas, el potencial de un mercado dinamizador del desarrollo y un Estado presente en la regulación, auténticamente subsidiario y solidario que garantice que nacer en este país, o venir a trabajar y vivir en el, vale la pena. 

(1)   Comisión Nacional Justicia y Paz (2016) : “Equidad y desarrollo en Chile: los nuevos rostros de los excluidos”  (Introducción).