Chile secuestrado

Pedro Vera

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Estamos viviendo una situación grave de enfrentamiento político permanente que resulta en una clara amenaza a nuestra convivencia democrática y que puede transformarse en una crisis explosiva de impensadas consecuencias. Uno de los elementos que interesa destacar -seguramente no el único- es la pretensión de la oposición de derecha de gobernar, olvidando su rol.

En democracia, es el Poder Ejecutivo el que está llamado a gobernar de acuerdo con el programa que fue votado por la mayoría que lo eligió y, por supuesto, sin ninguna obligación ética ni política de renunciar a sus propias convicciones. El rol de la oposición en el Congreso y en la sociedad no puede ser la pretensión de dar por terminado un gobierno antes de que cumpla su plazo constitucional ni de pretender cogobernar destituyendo funcionarios y rechazando o desnaturalizando todas las iniciativas del gobierno que impliquen dar cumplimiento a sus promesas de campaña. Y, si esa oposición tiene mayoría, tendrá más fuerza para plantear sus propias observaciones y será necesario que se implementen mecanismos que busquen acuerdos que permitan al gobierno avanzar. Ese es el mandato que el pueblo entrega en todas las elecciones presidenciales.

En este caso, recordemos que en la oposición hubo voces que, desde el primer día de la segunda vuelta que permitió a Gabriel Boric ser elegido Presidente de la República, hablaron de constituir un "gobierno en las sombras", es decir una organización en que cada ministerio encontrara contrapeso y que elaborara las propuestas alternativas a cada una de las iniciativas del gobierno. Puede ser una buena forma de organizarse, pero pretender que el gobierno no tiene el derecho y el deber de gobernar es ciertamente un exceso. Sobre todo, cuando se observa que la derecha política, al minuto que se anuncia un proyecto, incluida la ley de Presupuesto, por ejemplo, sale a manifestarse en contra.

Estamos ante una estrategia política peligrosa que debe ser denunciada. Se trata de no dejar gobernar y, al mismo tiempo, con el respaldo de la derecha económica y sus medios de comunicación alienar a la opinión pública con el relato que este gobierno es ineficiente y no es capaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

En consecuencia, se justificaría la pretensión de utilizar un proyecto de constitución para dar esa respuesta urgente a las demandas de la ciudadanía y ese sería el logro de la ultraderecha -Republicanos- con el concurso servil de la derecha tradicional -Chile Vamos-.

Nos parece que, desde esta perspectiva, tenemos que mirar el actual proceso constitucional. Que, además, se lleva adelante en el contexto de dos ideas fuerzas que paralelamente se intenta imponer: 1) el convencimiento que, si se rechaza el actual proyecto en discusión, quedara vigente la Constitución del dictador más allá de sus enmiendas más o menos significativas en el tiempo, y 2) que Chile no está preparado ni resistiría un tercer proceso constituyente.

Así, de manera implacable, se lleva adelante un proceso constitucional del que la sabiduría popular empieza claramente a desconfiar. Estos no son solo argumentos rebuscados, sino que afirmaciones corroboradas con los hechos que, con un pequeño esfuerzo, se identifican claramente y son públicos.

Así, por ejemplo, hay que recordar que el Partido Republicano se restó de participar en la definición del actual proceso constitucional, señalando "que no existe ningún espacio de apertura para que este proceso de discusión constitucional se radique en el Congreso y porque conformar una nueva convención, es volver a utilizar un mecanismo fracasado que no dio resultados".

Recordemos que, desde siempre, su líder -José Antonio Kast- sostuvo que "no es necesario cambiar la Constitución, y que cualquier cambio se puede hacer desde el Congreso". Recientemente, el líder de la bancada republicana en el Consejo Constitucional, Luis Silva, sostuvo que "es un conjunto ambicioso (375 enmiendas) que hemos presentado los republicanos, con el propósito de que se nos pueda identificar a través de ellas. Hemos dicho en distintas formas que estamos hablando como partido a través de nuestras normas". ¡O sea, se trata de establecer normas identitarias independientemente que eso le haga bien o no al Chile del futuro que es, en cambio, lo que ciertamente, la mayoría de los chilenos entiende y espera de una Constitución!

Y, para los que confían en el trabajo de la Comisión Experta, este mismo líder republicano, con total arrogancia, le ha puesto la lápida al trabajo consensuado que condujo al proyecto de dicha comisión, señalando: "Mídanse a la hora de formular observaciones porque igual tenemos la mayoría para insistir en nuestras propuestas".

Y Chile Vamos, con una inferioridad que es manifiesta, señalando a través del líder de la UDI: "Tenemos que ser optimistas que el ejercicio que se está haciendo va a tener un resultado favorable pensando que estamos reunidos todos los del Rechazo (¡gran argumento constitucional!)" y el nuevo presidente de RN con un cándido deseo: "ayudar a lograr obtener consensos relevantes en las pocas materias que no están logradas". ¡Pocas pero fundamentales habría que explicarle!

Sostenemos pues que Chile está secuestrado por una mayoría circunstancial que resultó, no de propuestas constitucionales que no las tenían porque no les interesaba, sino que de haber dedicado su campaña a atacar permanentemente al Presidente Boric y a personeros de su gobierno, todos los días de manera incansable, muchas veces incluso sugiriendo hechos delictuales sin pruebas, e insistiendo como señalamos al comienzo de esta columna en la necesidad de concentrarse en dar respuesta a los problemas más angustiantes para los chilenos, entre los cuales seguridad.

Es importante que los chilenos, a través de sus organizaciones políticas y sociales, primero perciban esta situación y se pongan en marcha para liberarse de este secuestro. En ese contacto, ha hecho bien el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano en advertir que los que se ha elaborado y ha trascendido hasta le fecha no podría ser aprobado.

Al liberarse de este falso Chile en que lo mantienen secuestrado, usted podrá libremente reflexionar y dar respuesta a las siguientes cuestiones:

• ¿Es la Constitución el instrumento en que se establezcan medidas concretas que deben ser hoy y en el futuro materias del debate legislativo y social democrático al que las nuevas generaciones deben tener derecho, o necesitamos solamente fijarlos grandes temas que definan los valores y principios en que estemos de acuerdo para regular nuestra vida en común en las próximas décadas?
• ¿Es aceptable que se pretenda diluir la importancia de nuestra adhesión y compromiso con los derechos humanos cuestionando el rango de los tratados internacionales en esta materia y legislando constitucionalmente en favor de los detenidos por violaciones graves a estos derechos?
• ¿Es aceptable que se construya un proyecto constitucional con ausencia del valor de la solidaridad y, por el contrario, con la primacía absoluta de la libertad para elegir en derechos como la salud, las pensiones, la educación, la vivienda (¡libertad para elegir sólo de los que cuentan con los medios para acceder a ella!) echando por tierra la definición de la Comisión Experta que reconoce a Chile como un Estado social y democrático de Derecho?
• ¿Es aceptable en el siglo XXI retroceder en el derecho de los trabajadores a ejercer, por ejemplo, el derecho a huelga más allá del marco de la negociación colectiva por empresa?
• ¿Es posible en la sociedad actual retroceder en dignidad y derechos de las mujeres?
• En síntesis ¿será posible aceptar mañana un proyecto constitucional que consagre el actual modelo cultural, económico y social de desarrollo que ha generado las más graves desigualdades e inequidades en nuestra historia reciente sin permitir que ello sea fruto del debate democrático?

Necesitamos denunciar y romper este secuestro que una mayoría circunstancial -sin medir las consecuencias- le quiere imponer al país.