A propósito de las elecciones presidenciales y del bien que cada candidato quiere hacer al país, hay que recalcar el interés general por mejorar los estándares de probidad y transparencia. Aspectos tan importantes que si no se miden y se controlan pueden terminar entorpeciendo el resto de las políticas públicas que abogan por tener mayor crecimiento y mejor calidad de vida para todos.
Un ámbito que además de ser relevante para la economía se ha vuelto una seria preocupación para los ciudadanos a nivel mundial, que esperan medidas concretas para que el sector privado no siga incurriendo en malas prácticas corporativas.
Sin embargo, y volviendo al punto anterior, si se quieren implementar nuevas leyes y no se miden las que actualmente son aplicadas, la tarea de combatir la corrupción queda a medias.
El caso de carabineros, por ejemplo, demostró que en organismos del Estado hay corrupción y que no se estaban aplicando los controles necesarios, por lo tanto, fiscalizar, incentivar la denuncia y que se proteja a quien se atreva a delatar, son puntos indispensables y deberían estar en todos los programas de gobierno de los aspirantes a la Moneda.
Otra sanción ejemplar puede castigar a los funcionarios públicos que hayan incurrido en corrupción, quitándoles la oportunidad de ejercer un nuevo puesto en el sector.
Enfocarse en las irregularidades cotidianas que ocurren en los municipios, que involucran a los alcaldes y que deberían cumplir las mismas normas de compliance que el sector privado; simplificar procedimientos burocráticos que llevan a más corrupción, etc.
Hay tantas soluciones que podrían ayudarnos a ser un mejor país, una de ellas es penalizar la corrupción entre privados, que pasó a su tercer trámite legislativo y que esperamos se apruebe en pronto; seguir las recomendaciones de la OCDE para ser más eficientes persiguiendo el cohecho, preocuparse para que los delitos por corrupción no prescriban en un plazo tan corto; un compromiso real de parte del sector privado, más allá de los discursos y los códigos de ética, son todas tareas pendientes y que tienen una oportunidad de llevarse a cabalidad con un nuevo gobierno de turno.
Susana Sierra es co-autora de Corrupción a la carta.
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